Las autoridades desarticularon en las últimas horas una organización conocida como “Los Mexicanos”, que tenía azotado a Quibdó con homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos. A la red delictiva pertenecían dos funcionarios de la gobernación de Chocó.
Hay evidencias que tendrían una alianza criminal con el frente de guerra occidental del ELN, con el propósito de ampliar su accionar.
La Fiscalía, a través de su policía judicial CTI, y en una labor conjunta con el Gaula Militar logró capturar a 23 presuntos integrantes de este grupo ilegal, siete de ellos notificados en centros carcelarios donde permanecen privados de la libertada por otros procesos.
Entre los detenidos están el señalado cabecilla, alias “Zety”; el secretario de Hacienda de Chocó, Willington Vidal Rojas; y un técnico en carrera administrativa de la Gobernación, Carlos Andrés Ramos Murillo.
“Esta es una de las intervenciones contra el crimen organizado en Choco y en Quibdó más importantes. No vamos a permitir que estas estructuras atemoricen a la población”, dijo el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado al revelar detalles de “Los Mexicanos”.
“En un año de interceptaciones de comunicaciones, recolección de testimonios y otras actividades investigativas, la Fiscalía obtuvo abundante material de prueba que da cuenta del cobro de extorsiones a funcionarios como jueces, fiscales, trabajadores de la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Quibdó, así como comerciantes y transportadores. Hasta el momento hay documentadas cerca de 150 víctimas en solo este año. “Los Mexicanos”, al parecer, iniciaron su actividad ilícita en 2018, ejerciendo control sobre los expendios de estupefacientes en dos comunas de Quibdó y fueron extendiendo su influencia criminal en la ciudad. En este momento hay indicios sobre su posible participación en asesinatos selectivos, instrumentalización de menores de edad, y hurtos de celulares y de motocicletas”.
Barbosa Delgado, agregó que, “en estos casos, supuestamente, llamaban a las víctimas y les exigían dinero para devolverles las pertenencias. En lo que respecta a los funcionarios de la Gobernación de Chocó, se estableció que serían los encargados de elaborar los panfletos extorsivos; incluso, uno de ellos, estaría involucrado en tráfico de estupefacientes”.
Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó a los 23 procesados, según su nivel de participación, los delitos de: homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, tráfico de estupefacientes; tráfico y porte ilegal de armas; y concierto para delinquir. Adicionalmente, a los funcionarios les imputaron el delito de asesoramiento a grupos armados ilegales.
Los procesados no aceptaron los cargos y la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centro carcelario. En las diligencias de captura de estas personas se incautaron 2 armas de fuego, munición, computadores, $42’000.000 en efectivo, 17 celulares de gama alta, uniformes privativos de las Fuerzas Armadas y dos motocicletas. También fueron encontrados documentos, libros de contabilidad y extractos bancarios con un saldo superior a los 1.000 millones de pesos. Esta información se publica por razones de interés general.
