Las labores del sector informal producen una serie de ingresos no declarados, pero la actividad sí hace parte de las cifras de ocupación que maneja el DANE. Desde vendedores ambulantes hasta el transporte de mano de obra hacen parte de una cadena productiva. En esta ocasión me referiré al fenómeno del mototaxismo.
Para el caso de Cartagena de Indias se mencionan cifras que cuentan aproximadamente 75.000 personas dedicadas a prestar el servicio de transporte en moto, servicio que no está regulado ni hace parte de los modos de transporte seguro; pero ante la ausencia de un servicio que cubra toda la ciudad, se ha presentado como una solución para acercar a los empleados a su lugar de trabajo.
Si hacemos el supuesto de 75.000 prestadores de servicio con un promedio de 10 carreras día con la misma tarifa de Transcaribe de $2.700, estaríamos hablando de un recaudo de $2.025.000.000 y 750.000 viajes en moto.
Adicionalmente, está la venta de combustible, el mantenimiento, repuestos y lavado. Pero queda la tarea de averiguar cuánto se vende en SOAT y cuánto les cuestan los siniestros a las aseguradoras, cuánto combustible deja de venderse el día sin moto, qué tal es el negocio para los concesionarios, cuánto produce la financiación, cuántos afectados por accidentalidad. Podemos seguir restando y sumando argumentos para darnos cuenta de los intereses que se mueven alrededor del este fenómeno.
Ahora bien, imaginemos que el Distrito, con ayuda del sector privado, consigue trabajo para estas 75.000 personas, ¿en qué se transportarían a su lugar de trabajo? Al menos podríamos comenzar a resolver parte del problema invitando a la gerencia de Espacio Público y Movilidad con Transcaribe para que presenten a los gobiernos nacional, departamental y distrital un plan maestro renovado donde no solo se soluciona un problema de transporte per se, sino ambiental y de salud que repercute en un mejor bienestar para más de un millón de personas que transitan diariamente por la ciudad, y no seguir buscando río arriba una solución sobre algo que no está regulado.
Proponer un nuevo COMPES, aprovechar el fondo para mitigar la pobreza y la ley del sitio como herramientas de gestión y ojalá los candidatos se comprometan con gestionar soluciones de fondo, al menos en la recta final del debate electoral.
