La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el ex congresista Edwin Gilberto Ballesteros Archila, por supuestas irregularidades en la celebración de contratos, mientras se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre noviembre de 2013 y enero de 2016.
Luego de asumir el caso en octubre de 2021, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia obtuvo material de prueba y valoró las evidencias recopiladas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que inició la investigación por el fuero que ostentaba el procesado.
Se encontraron según el ente acusador suficientes elementos para demostrar la posible participación de Ballesteros Archila en 12 conductas ilegales distintas relacionadas con los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía estableció que el entonces gerente de la ESANT, al parecer, hizo parte de un acuerdo ilícito en el que se comprometió la contratación de la Gobernación de Santander de la empresa de servicios públicos para que quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio del pago de dádivas.
En ese sentido, estaría involucrado en presuntas inconsistencias detectadas en los siguientes contratos celebrados por la ESANT:
- Contrato 157 del 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos, en Sucre (Santander). Aquí se contempló un monto de hasta 1.188 millones de pesos. La investigación permitió conocer que se declaró la situación de calamidad pública y, mediante la figura de urgencia manifiesta, se realizó un proceso de contratación directa para, supuestamente, favorecer a una unión temporal en especial, que no cumplía los requisitos de ley. Adicionalmente, se estableció que este contrato estaba rotulado como una consultoría; sin embargo, incluyó la ejecución de obras. Es decir, una tipología contractual distinta que merecía otro tratamiento. De igual manera, hay evidencia de posibles anomalías como sobrecostos y permitir que la unión temporal seleccionada se apropiara de más de $205’000.000.
- Contrato de obra 068 del 23 de febrero del 2015, que contempló obras relacionadas con la planta compacta para potabilización de agua en Enciso (Santander), por un valor de $470’439.548. En este proceso el oferente escogido fue el mismo del contrato anterior. Asimismo, se identificaron falencias en los estudios previos y ajustes arbitrarios en los pliegos para beneficiar al contratista, que no contaba con la experiencia requerida. También se detectó una apropiación a favor de terceros por $157.691.739 y el pago de una comisión a cambio superior a $75’000.000.
- Contrato 287 del 4 de diciembre de 2015, para la construcción del acueducto regional del río Quirata, en Landázuri (Santander). El valor superó los 4.340 millones de pesos. El material de prueba indica que, antes de abrirse la licitación, el contrato ya estaría comprometido. Es así como los pliegos, al parecer, se ajustaron a la medida del aspirante. De igual manera, se encontraron fallas en los estudios y diseños, ausencia de permisos y gestión en la obtención de los predios para avanzar en la obra, y se habría permitido que el contratista se apropiara de casi 1.000 millones de pesos. La investigación da cuenta de que la adjudicación del contrato estuvo mediada por el pago de $100’000.000, los cuales, habrían sido entregados al entonces director de la ESANT.
- Intención de contratar los acueductos de Barichara y Chipatá (Santander). Ballesteros Archila, habría recibido $600’000.000 por parte del interesado en este proyecto, que no se suscribió ante la salida del hoy procesado de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
