La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó tener intereses particulares frente al contrato del proyecto del Canal del Dique, asegurando que ni ella, su esposo o su familia son propietarias de tierras o propiedades a los que les beneficie el proyecto.
“Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios ribereños de Sucre, Bolívar y Atlántico, y disminuir el riesgo que enfrentan 1.5 millones de personas”, aseguró.
Según Ramírez, ha sido una de las promotoras de este proyecto pues es urgente frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación. “Coincidimos en que se trata de un proyecto estratégico para el futuro ambiental, social y económico de la región Caribe, y por ello, decidimos estructurarlo de modo que los recursos de la Nación concurrieran con aquellos de los Departamentos y también con recursos del sector privado”.
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Recordó que el proyecto del Canal del Dique se viene discutiendo desde hace varios años y fue inicialmente priorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal de 2015, además indicó que no tiene supervisión sobre el proyecto.
“A la Vicepresidencia de Colombia se le retiraron las funciones asignadas mediante el decreto 1714 de 2018, en el sector de la infraestructura. En consecuencia, mi interacción con el proyecto en el último año se ha limitado a conocer la información puntual a la que se ha referido el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, y a los asuntos específicos llevados a la Comisión en la que participan una pluralidad de entidades. No tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el Invías y la ANI”, anotó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.