Tal como estaba anunciado desde campaña, el Presidente de la República Gustavo Petro Urrego y su Ministro de Hacienda y crédito público, José Antonio Ocampo, una vez posesionados, presentaron ante el Congreso de la República el proyecto “Reforma Tributaria para la igualdad y la Justicia Social”, con lo cual aspira el ejecutivo un recaudo alrededor de los 25,9 billones de pesos, la aprobación final del articulado de la reforma será producto del análisis, discusión y concertación ante las diferentes fuerzas políticas en el congreso, así como con voceros que representan disímiles sectores sociales y económicos del país.
Como generalmente ocurre, han surgido diversas voces haciendo observaciones sobre los impactos que tendrían los cambios planteados en la reforma; con una característica, cada actor, sean personas naturales o de otras actividades en la vida económica del país, analizan desde su propia óptica cual es el grado de afectación o contribución de la cual van a ser objeto.
Al presentarse la reforma tributaria con el fin de tener una mayor recaudación, surgen resistencias y cuestionamientos, dada la poca confianza que existe entre la ciudadanía por la forma como se invierten o gastan los recursos del Estado, pensamiento que se valida con los constantes escándalos de corrupción donde recursos del erario van a parar a manos de funcionarios o empresarios inescrupulosos, afectando a los contribuyentes que de buena fe aportan los tributos que por ley corresponde.
Paralelamente a los recaudos estimados para poder contar con los recursos para atender los planes y políticas sociales que conlleven a una mayor equidad, es importante mostrar con hechos desde el gobierno central, que existe austeridad en el gasto, inversiones adecuadas y calidad en las mismas, neutralizando contundentemente actos de corrupción que se puedan dar, de lo contrario jamás los recaudos serán suficientes, acrecentando la desconfianza de los ciudadanos, muchos de los cuales encuentran justificación para el incumplimiento en la tributación, abriéndole espacio a la evasión y alusión.
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En ese orden de ideas nuevamente un dilecto amigo, ingeniero que hoy goza de su pensión de jubilación después de haber laborado más de treinta y cinco años, en una empresa privada, me llamó como lo hizo en marzo del 2021, cuando la reforma del exministro Carrasquilla y del hoy expresidente Iván Duque Márquez, para manifestarme con alto grado de indignación y hasta cierta impotencia, como en la presente reforma también se pretenden grabar las pensiones, comenzando por aquellas que superen los diez millones de pesos mensuales, ante lo cual de manera airada y con alto grado de disgusto al otro lado de la línea telefónica, me indicaba, “ahora descubro que estoy clasificado entre los más ricos o adinerados de este país”, prosiguió diciendo “ser señalado como rico por tener una mesada algo mayor de los diez millones, se ha vuelto un mito o más claro una falacia, y te voy hacer una ilustración objetiva: hoy tengo una pensión de $10.772.000,00, de los cuales me descuentan un 13% por aportes a la salud y solidaridad, lo cual equivale a $1.400.360; me descuentan por préstamo por libranza $1.372.880, el cual utilice para financiar estudio de posgrado de un hijo. Como observas la pensión se redujo a unos ingresos reales de $7.998760. Es decir una pensión de $10.772.000 equivale a una mesada de US$2.448/mes. Reconozco que el ingreso neto recibido es una suma decente con relación a los ingresos promedio de un trabajador colombiano, pero ello no da derecho que pretendan estrangularnos con el calificativo que somos ricos”.
Al terminar su relato solo me pidió mi amigo Severo, ojalá escribas algo sobre lo dicho para claridad de quienes piensan que unos ingresos como lo señalo puedan considerarse que son personas adineradas, cuando en realidad es que año tras año se está perdiendo capacidad adquisitiva. Ahora, si bien es cierto, en amplios sectores del país se ha venido indicando la necesidad de allanar recursos, es importante que la reforma sea progresiva, no afecte la canasta familiar, ni la posibilidad de generación de empleo.
Acogiendo palabras del presidente Petro Urrego cuando dice “la solidaridad se manifiesta en el pago de impuestos por quien pueda pagarlo y el gasto del Estado que debe ir a quienes lo necesitan por su infancia, por su juventud, por la vejez”, en ese orden de ideas y acogiendo también la sugerencia expuesta por el Ministro de Hacienda en el sentido de explorar fuentes de recursos cuando se trate de evitar contribuciones de otros sectores, nos permitimos sugerir a pesar de los gravámenes actuales, establecer un impuesto o contribución a todas las bebidas alcohólicas así: cervezas nacionales y extranjeras entre $250 a $ 400, por botella de 350 mililitro, que sería pagado por el consumidor final y recaudado en la fuente de fabricación o importación; demás bebidas con contenido de alcohol como rones, aguardientes, vinos, Wiskis y similares con una contribución entre $ 600 y $1.000 por botellas de 750 mililitros.
Consideramos que sería la mayor manifestación de solidaridad, ya que permitiría unos recaudos importantes, no incidiría en incremento de la canasta familiar, tampoco afectaría los costos de producción ni la generación de empleos.
Nos preguntamos ¿si trabajadores tanto formales como informales, profesionales, jóvenes universitarios, empresarios, incluso personas que reciben subsidios del Estado y población en general tienen para gastar en consumo de alcohol, no significa mayor sacrificio aportar un pequeño valor para que dichos recaudos vía presupuesto nacional se destine a Colpensiones para atender la carga pensional?
Porque no considerar como otra fuente de ingresos al presupuesto nacional para atender las obligaciones pensionales establecer que en las aproximadamente 88 estaciones de peajes de vías concesionadas a nivel nacional, de destine entre un 2,5% a 5,0% del valor del peaje para fortalecer la bolsa común de Colpensiones, sin que ello signifique de manera alguna, ni por ningún motivo elevar el costo de los peajes para los usuarios, ya que estos de por si, en su gran mayoría son bastante costosos; la compensación para el concesionario se daría vía extensión del tiempo concesionado previo calculo determinado. Lo anterior adquiere más sentido cuando recursos de las pensiones (fondos privados), se están tomando para financiar obras de infraestructura vial.
