En desarrollo de la segunda fase investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación por el asesinato del fiscal Paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en playas de Barú, jurisdicción de Cartagena de Indias, fueron judicializados en las últimas horas los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, considerados como posibles actores fundamentales para concretar el crimen del fiscal Pecci.
Según las investigaciones los dos hermanos serían quienes planearon, pagaron y contrataron a los autores materiales del asesinato del fiscal antimafias de Paraguay. Las capturas se produjeron en Bogotá y Rionegro, Antioquia.
Durante la diligencia judicial, los hombres aceptaron los cargos y además pidieron perdón por el crimen a la familia de Pecci. El narcotraficante que ordenó el crimen estaría en La Guajira.
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Durante la audiencia, el ente acusador presentó pruebas sobre la forma en que ambos capturados ofrecieron $1.500 millones para cometer el homicidio. Según la Fiscalía, habrían sido varias las reuniones que sostuvieron los acusados para planear el crimen.
“Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ya se legalizaron estas capturas y en las próximas horas se imputarán y se solicitarán las medidas de aseguramiento”, dijo el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Durante los allanamientos fueron incautados documentos y prendas de vestir que habrían sido usadas en desarrollo de la planeación del homicidio, tal como quedó registrado en cámaras de video. También fueron hallados 10 celulares, 4 memorias USB, un dispositivo DVR, un revólver (traumático), un disco duro, una tableta, una grabadora de sonido, un computador portátil y una camioneta.
“Con estas dos capturas, son siete personas en total las que han sido judicializadas por esta acción criminal. Cuatro de ellas aceptaron sus responsabilidades y fueron condenadas”, añadió el Fiscal General de la Nación.
La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía permitió que, 38 días después del homicidio, cuatro de los implicados aceptaran su responsabilidad y fueran condenados a penas de 23 años y 6 meses de prisión.
Los afectados con la decisión fueron: el ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien disparó contra el fiscal paraguayo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, responsable del transporte y la logística; y Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, involucrados en los seguimientos. La Fiscalía les imputó delitos de homicidio agravado; y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego agravado.
La Fiscalía acusó formalmente a Francisco Luis Correa Galeano como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
A través de cámaras de seguridad, registros hoteleros y de transporte, y mediante la ubicación reportada por el celular de Correa Galeano, fue posible establecer que el acusado habría estado en Cartagena de Indias los días en que se concretó el asesinato.
El investigado habría sostenido reuniones en Medellín (Antioquia) para, al parecer, coordinar el desplazamiento de los sicarios a la capital de Bolívar, donde se presume le encomendó a dos personas realizar seguimientos de la víctima.
