La representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Ángela María Vergara González, quien ocupa la curul por la vacante que dejó Yamil Arana Padaui del Partido Conservador Colombiano, sigue en la cuerda floja por cuenta de una demanda de nulidad electoral que de ser fallada en su contra, daría luz verde a Giselle Gómez, una comunicadora social oriunda del municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar, hija del exacalde de esa población, Rafael Gómez Caraballo.
La congresista está vinculada a una investigación por el delito de cohecho impropio y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estudia desde hace varios meses la solicitud de suspensión provisional del acto demandado para ocupar la curul de representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar para lo que resta del periodo constitucional 2022-2026.
“Los hechos investigados se remontan a la época en la que ella era edil de la Junta Administradora Local de la localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena (2015-2021)”, explicó la Corte Suprema.
La demanda señala que Ángela María Vergara González, no podía ser llamada a ocupar esa curul como representante a la Cámara por el departamento de Bolívar en atención a la pérdida de investidura que, en su condición de edil del Distrito de Cartagena de Indias, le decretó el Tribunal Administrativo de Bolívar el 25 de noviembre de 2020, decisión confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 3 de febrero de 2022.
Según la parte demandante, la sanción de perdida de investidura impuesta a Vergara González, le impide cumplir con las calidades y requisitos constitucionales y legales que implica el acto de llamamiento realizado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes hace ya varios meses.
En el mencionado proceso se advirtió que la demandada violó el régimen de conflicto de intereses porque no se declaró impedida para participar en el proceso de elección del alcalde de la localidad en la que se desempeñaba como edil, en el cual se presentó Glindol Grondona Vergara con quien tenía parentesco de consanguinidad en el cuarto grado.
Al parecer, Ángela María Vergara González, habría recibido dádivas, provenientes de porcentajes de la contratación de la localidad para dar su voto a favor y fuera elegido de la terna.
Según el demandante, Vergara González por decisión jurisdiccional carga permanentemente dentro de su capacidad jurídica, la sanción de perdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y hoy se halla incursa en causal de inhabilidad por violación a las faltas disciplinarias gravísimas y graves establecidas en la ley 1952 de 2019.
Para el demandante, el acto que dispuso el llamamiento de Vergara González para ocupar la curul como representante a la Cámara es nulo, en tanto desconoce que la demandada no reúne «las calidades y requisitos constitucionales de elegibilidad» como consecuencia de su desinvestidura como edil por la transgresión del régimen de conflicto de intereses que, además, trae consigo la prohibición permanente para desempeñar cualquier cargo de elección popular y «no poder volver a participar en la integración de los cuerpos colegiados».
La pérdida de investidura es la sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro.
El alto tribunal citó a indagatoria a la congresista conservadora para el 6 de junio de 2023 pero no se tiene conocimiento si se presentó o si por el contrario la misma fue aplazada para dilatar el proceso.
