En este caso también resultó condenado otro hombre que habría engañado a por lo menos 23 jóvenes para enlistarlos en las Autodefensas Unidas de Colombia en ese departamento.
Después de años de investigación, la Fiscalía General de la Nación pudo corroborar que Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, rectora de un colegio del municipio de Charalá, en Santander, fue enviada a prisión después de que se le pudiera comprobar que tuvo relación con grupos paramilitares, además de aprovecharse de su poder en la institución educativa para permitir vejámenes contra la dignidad de las estudiantes.
Y es que, según comentó el ente investigador, a la mujer se le pudieron corroborar los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, por lo que fue condenada a 20 años y nueve meses de prisión.
Según cuenta el material probatorio obtenido y revelado por la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre 2001 y 2003, Gutiérrez de Moreno se vio involucrada en el abuso sistemático de estudiantes bajo su custodia.
“La señora Gutiérrez de Moreno permitió que ciertas estudiantes fueran abusadas sexualmente por líderes de este grupo criminal”, indica el expediente judicial.
Asimismo, se comprobó que la directiva de la Institución solía realizar bazares, concursos de belleza y encuentros supuestamente sociales del colegio para permitir que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente del frente Comunero Cacique Guanentá, lograran ingresar al plantel y acceder carnalmente de las estudiantes.
De hecho, durante las investigaciones el ente acusador pudo establecer que existen, al menos, dos jóvenes víctimas de estos abusos, quienes fueron llevadas y encerradas bajo engaños a la oficina de la rectora, para después ser agredidas por miembros del grupo paramilitar, incluidos individuos conocidos con los alias de Víctor, Carlos y Nariz, entre otros.
La Fiscalía también logró una condena ejemplar para José William Parra Arroyabe, identificado como colaborador y orientador político del frente Cacique Guanentá, quien fue señalado de auspiciar el reclutamiento forzoso de menores de edad y entregarlos al grupo armado.
“Parra Arroyabe engañó a 23 adolescentes, uno de los cuales fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones,” según se comentó el ente acusador recientemente.
Al comprobarse sus delitos, un juez ordenó su remisión inmediata a un centro penitenciario donde deberá pagar una condena de 24 años y dos meses por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
