En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 19 años para ejercer funciones públicas a tres servidores públicos que recibieron dinero a cambio de omitir la vigilancia y control de obras que se construían irregularmente en Cartagena de Indias, lo que se evidenció con la muerte de 21 personas al colapsar la edificación Portal Blas de Lezo II, construido por el llamado “Clan de los Quiroz” en abril de 2017.
El ente de control constató una actitud permisiva, tolerante y colaborativa que permitió a los constructores iniciar proyectos sin cumplir los requisitos legales mientras que de manera simultánea e injustificada aumentaban su propio patrimonio. Se evidenció que se entregaron sobornos de manera reiterada entre 2013 y 2017 a Luis Cudris Pájaro, profesional universitario, así como a los técnicos Ricardo Javier Castellar Pérez y Gilberto Marrugo Maldonado.
El hecho fue confirmado en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación que ratificó la destitución e inhabilidad de estos tres servidores quienes recibieron dinero a cambio de descuidar la supervisión y control de obras construidas de manera irregular en Cartagena de Indias, lo que desembocó en la tragedia del colapso del Portal Blas de Lezo II.
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La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento destacó que estos sobornos fueron entregados repetidamente a los mencionados funcionarios, adscritos a la Alcaldía de Cartagena de Indias, durante el período mencionado.
Para el Ministerio Público, los tres acusados cometieron los delitos de cohecho propio y urbanización ilegal en el ejercicio de sus cargos. El grave daño social ocasionado por la conducta y la calificación de las faltas fue considerado como gravísimas cometidas a título de dolo. Contra esta decisión no cabe ningún recurso.
