El confeso asesino Salvador Arana Sus, en una maniobra que roza lo grotesco, se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la máscara de la «pobre viejecita», alegando carecer de recursos económicos para reparar a las víctimas del paramilitarismo. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, se revela que el exgobernador de Sucre no solo posee una gran cantidad de propiedades millonarias, sino que también ha desplegado una serie de artimañas para evadir su responsabilidad frente a la justicia y las víctimas.
«La situación alcanza niveles de cinismo descomunales cuando se descubre que Arana ha sido condenado en el pasado a pagar más de 2.000 millones de pesos al Estado, una sentencia que, hasta la fecha, no ha cumplido. Resulta perturbador cuestionarse por qué la justicia no ha actuado con firmeza para ejecutar dicha sentencia y confiscar sus bienes en pos de la reparación a las víctimas», conceptuó el medico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde del Roble, Sucre, por orden de Arana Sus.
Su esposa, Samia Isaac Tatis en medio de un proceso de divorcio, revela pruebas contundentes de la riqueza oculta de Arana, desmontando así su farsa de pobreza.
El plan de «reparación» propuesto por Arana, que incluye un insignificante gesto de arrendar tierras para cultivo y talleres de capacitación, es recibido con justificado desdén por las víctimas y la sociedad en general. «Su intento de lavarse las manos con migajas mientras conserva sus opulentos bienes es una afrenta a la memoria de miles de personas que sufrieron las consecuencias de sus acciones paramilitares», dice el médico Juan David Díaz.
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Señala además que es imperativo que la JEP reconsidere su decisión de permitir la libertad de Arana y lo devuelva a prisión, donde debe enfrentar las consecuencias de sus crímenes. «La justicia no puede permitirse ser cómplice de la burla y el cinismo de quienes buscan evadir su responsabilidad. Las víctimas merecen justicia, no limosnas indignantes disfrazadas de reparación».
