En la zona histórica y turística Cartagena de Indias, un nuevo hecho pone de relieve las serias deficiencias en la gestión y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
El reciente desprendimiento de una cubierta en una edificación abandonada en la calle de La Chichería revela no solo la negligencia de los propietarios, sino también las falencias de las autoridades locales en la implementación de medidas preventivas y de seguimiento.
Aunque la Alcaldía de Cartagena, a través del Equipo de Reacción Inmediata de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), respondió con prontitud a la emergencia, surge un interrogante ¿por qué se permitió que una estructura en estado tan deplorable alcanzara un punto de colapso antes de que se tomaran acciones efectivas?.
La actuación coordinada con el Cuerpo de Bomberos, Control Urbano y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) es sin duda loable en términos de reacción, pero insuficiente como estrategia preventiva.
Daniel Vargas, director de la OAGRD, dijo que se hizo una evaluación de los daños y se acordonó el área afectada para garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes. Sin embargo, este tipo de intervenciones reactivas no solucionan el problema de raíz.
La falta de un sistema robusto de monitoreo y mantenimiento preventivo de los edificios históricos sigue siendo un punto crítico que la administración local parece no abordar con la urgencia y profundidad necesaria.
Emilio Molina, director de Control Urbano, afirmó que se ha identificado al propietario del inmueble y se le ha requerido que realice las intervenciones necesarias. No obstante, este tipo de medidas coercitivas a posteriori, aunque necesarias, reflejan una política de gestión del riesgo deficiente y fragmentada.
La falta de un seguimiento continuo y de sanciones preventivas contundentes permite que los propietarios ignoren sus responsabilidades hasta que ocurren incidentes que podrían haber sido evitados.
El alcalde de la localidad 1, Frank Ricaurte, expresó su intención de aplicar sanciones y multas, una medida que, aunque justa, resulta tardía. Este enfoque reactivo pone en riesgo no solo el patrimonio arquitectónico de Cartagena de Indias, sino también la seguridad de sus ciudadanos y turistas.
La afirmación de Lucy Espinosa, directora del IPCC, sobre la identificación de más de 79 inmuebles en riesgo y el inicio de un proceso sancionatorio suena más a una admisión de culpa que a una verdadera solución.
La demolición controlada de la estructura afectada, realizada con la participación de expertos y la cuadrilla del Alcalde y personal de Escuela Taller, es un paliativo que no aborda la raíz del problema. Las autoridades locales deben implementar un plan integral y preventivo que incluya inspecciones regulares, mantenimiento obligatorio y sanciones preventivas para los propietarios negligentes.
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La falta de mantenimiento de las edificaciones históricas no solo desfigura el legado cultural de Cartagena, sino que también pone en riesgo la vida de sus habitantes y visitantes. La gestión eficaz de un patrimonio tan valioso como el del Centro Histórico de Cartagena requiere más que palabras y sanciones tardías; demanda acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
