- Por: Álvaro González Álvarez, Ph.D., P.E.
Gran revuelo ha causado la develación que hice de un grupo de cerca de treinta personas compuesto por periodistas, locutores, dueños de portales noticiosos y algunos de sus familiares con contratos con la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar o sus entidades descentralizadas. El otrora gremio intocable está bajo la lupa y eso, lectores, los tiene incómodos y muy, pero muy furiosos.
Es que esta colectividad ha ganado demasiado poder en el ámbito político de Cartagena, al punto que han tenido dos alcaldes locutores: Campo Elías Terán Dix, Q.E.P.D. (periodo 2012–2013) y Manuel (‘Manolo’) Duque Vásquez (periodo 2016–2017), ambos envueltos en líos con los entes de control (leer ‘De Campo Elías Terán a Manolo Duque, historia de inestabilidad en Cartagena’).
Los ataques no se hicieron esperar luego de mi columna ‘Las comunicaciones de Turbay y Arana’ publicada el 23 May 2024. El primero en aparecer fue Carlos Figueroa Díaz (director de Ideas Políticas) con un mensaje pasivo-agresivo reclamando que tener contratos con la alcaldía no era delito, lo cual denota que no leyó mí columna, ya que en ella puede leerse: «[…] lo cual en sí no es un delito en lo absoluto […]». Y si Figueroa leyó la columna, entonces convenientemente prefirió obviar el centro de la discusión, lo que cobra particular relevancia debido a que él ya ha tenido señalamientos de tipo ético cuando fue jefe de prensa de Corvivienda en el 2016 (leer ‘Por escándalo en Corvivienda renuncia su jefe de prensa’).
A Figueroa le siguió Germán Danilo Hernández y su columna ‘Efecto calambre’: una pieza inane a la que ya me referí en mi anterior columna, y que vuelvo a mencionar solo desde el punto de vista anecdótico. Como dice Beyoncé: «to the left, to the left».
Luego, en la plataforma ‘X’, apareció el portal Cartagena Política, al cual vinculan con Luis Muñiz Mosquera, quien es tecnólogo en sistemas de información y tiene actualmente el Contrato No. CD-OAI-2685–2024 con la Alcaldía de Cartagena; además celebró cuatro contratos con la Gobernación de Bolívar entre 2020 y 2023 (DF-1938–2020, DF-750–2021, DF-2139–2022 y DF-1328–2023).
Como para variar, los ataques desde este portal fueron ad hominem, en los que se afirmó que la motivación de mis denuncias es porque quiero reconocimiento y ser famoso. Prosiguió diciendo en su retahíla disparatada que tengo aspiraciones políticas y, con un argumento forzado, hace un parangón con el exalcalde William Dau Chamatt, quien vivió también en Nueva York: «[…] es que quiere hacer política, pero es una fórmula ya probada […]». Delirante.
Más aún, desde la cuenta de Cartagena Política salió otro trino quejándose de que mi veeduría ciudadana pasó de ser interesante a obsesiva, sin percatarse el mentecato que dicha afirmación lo delata, dado que su apreciación la hace luego de que yo develara los contratos de periodistas y portales, algo bastante diciente porque esa cuenta nunca antes me había comentado nada acerca mis investigaciones, a pesar de que dizque ‘le parecían interesantes’. Así como Figueroa y Hernández, no aportó nada a la discusión.
El próximo turno le tocó a Germán Teherán Montes (director de La Verdad & Punto), quien — con su acostumbrado estilo chabacano y sensacionalista — publicó un panfleto digital difamatorio repleto de imprecisiones. Para fortuna del lengüilargo de Teherán, lo que dice en su panfleto es tan absurdo que me causó risa y, por ahora, no he decidido emprender ninguna acción legal en su contra. Igual que el portal Cartagena Política, hizo una comparación similar, pero con otro enfoque: «[…] Apuntaría a convertirse en una versión de lo que fue Jacqueline Perea, para William Dau […]» (sic). Teherán resultó no solo ser un vulgar chismoso de barrio, sino también cuenta huesos.
Y cuando pensaba que mis queridos periodistas cartageneros habían ya saciado su sed de venganza mediante la creación de un personaje maquiavélico basados en chismes y especulaciones, el 19 Jun 2024, después de que divulgué en un trino que el periodista Jesús Chávez Duncan había celebrado el Contrato No. DF-1822–2024 con la Gobernación de Bolívar, apareció un nuevo ataque; esta vez intimidatorio.
En la referenciada publicación de la semana pasada, cité a la cónyuge de Chávez, la también periodista Leidys Rivero Martínez, quien actualmente funge como directora para la región Caribe del periódico El Tiempo. No sé qué parte de mi publicación le molestó tanto a Rivero al punto que, en vez de usar la plataforma ‘X’ para expresarse, se atrevió a contactarme vía WhatsApp, pese a que no nos conocemos.
Grosso modo, me acusó de pisotear su nombre, que lo que yo quería era figurar, que estaba vulnerando sus derechos y los de unos menores de edad, y que si volvía a mencionarla en una publicación acudiría a instancias judiciales; haciéndome, además, responsable de lo que le pase a su familia. Cierra su letanía advirtiéndome que su mensaje amenazante no puede hacerse público.
Sorprendido por el mensaje, mi respuesta se enfocó primero en hacerle ver lo inapropiado de haberme contactado por ese medio (WhatsApp), dado que nunca le he dado mi número de celular. Acto seguido, le recordé que ella como periodista debía saber que tenía derecho a solicitar una rectificación, diciéndome exactamente qué parte de mi publicación era falsa y que con mucho gusto haría la corrección necesaria. Finalicé aclarándole que, aparte de eso, no tenía nada más que discutir con ella.
Rivero, en vez de circunscribirse a los hechos como profesional del periodismo que es, redobla la apuesta al afirmar que estoy poniendo en riesgo su nombre y el de su familia. Lo más irónico es que, pese a que fue ella la que se comunicó por WhatsApp, remata pidiéndome que no la contactara más por esa red porque me bloquearía (cosa que hizo).
La Constitución y la ley le dan todas las herramientas a la señora Rivero para asegurarse de que no se vulneren sus derechos. No obstante, deberá primero asegurarse argumentativamente de que, de hecho, se le hayan violado. Debe recordar que los demás no pueden controlar lo que decida interpretar.
Por otra parte, ella y su cónyuge son personas públicas que, por su profesión, están expuestos todo el tiempo al escrutinio, especialmente Jesús Chávez que ahora es contratista de la Gobernación de Bolívar. Pero, de cierta manera, mi publicación es el problema. Quizás porque no soy abogado no logro ver en qué parte de la ecuación entro a violarle sus derechos y los de sus hijos y, de paso, ser el responsable por lo que le suceda a su familia.
Otro episodio relevante de mencionar, pese a que no se dirigía a mí, fue el que protagonizó Carlos Figueroa (Ideas Políticas) luego de la columna de Lucio Torres, en donde este último trató fallidamente de lavarle la cara al periodista Jheivan Pinzón González, quien fuera separado de Noticias Caracol al revelarse que, simultáneamente, era asesor de la Oficina de Asesora de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía de Cartagena y otras cuatro entidades gubernamentales (‘Los comunicadores del alcalde Turbay’ y ‘Episodio 213 del podcast Penúltima Palabra’).
En un audio que circuló por redes sociales y plataformas de mensajería instantánea (hacer click aquí para oír el audio), y en pleno siglo XXI, muchos tuvimos la desdicha de escuchar tres minutos de ignorancia, misoginia y homofobia pura y dura. Ojalá todos los programas de comunicación social y periodismo de Cartagena analicen en clase esa vergonzosa diatriba de Figueroa, en especial Javier Ramos Zambrano (ex editor de El Universal), quien actualmente funge como director del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). Todo sugiere que el ataque de Figueroa iría dirigido a un docente de la UTB.
Sin duda este ejercicio ciudadano le ha permitido a los cartageneros tener más elementos de juicio respecto a la información que reciben de la prensa local, que de otra manera no habrían podido saber, ya que muchos periodistas son renuentes a revelar sus afiliaciones y posibles conflictos de intereses y éticos.
A pesar de que es evidente que la línea editorial de gran parte de los portales noticiosos de Cartagena (incluyendo a Revista Metro) ha dado un vuelco de cuestionar lo mínimo en la era Dau a aplaudir todo lo que salga del Palacio de la Aduana (con las palabras clave ‘vuelve a brillar’, ‘resplandecer’ y ‘avance’), no esperaba encontrarme con lo que considero la cereza del pastel de la incongruencia.
Revisando documentación secundaria para esta columna, me topé con un artículo de agosto de 2009 providencialmente llamado ‘El precio del silencio’. Su autor es Carlos Ardila González (director de Revista Metro). En la nota, Ardila advierte del peligro del uso de la publicidad para interferir con la libertad e independencia de los medios. Creo que se hace innecesario dilucidar lo paradójico de este escrito en el contexto actual de la ciudad. Ardila versus Ardila.
Fany Pachón contrataca:
En los casi seis meses que va corrido de la administración Turbay, Pachón tiene a su haber: (i) una sanción de tres días de arresto y una multa de trece millones de pesos por injuria y calumnia; (ii) dos denuncias penales en curso en la Fiscalía General de la Nación (FGN); y (iii) una denuncia en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) que determinó una posible irregularidad en el pago de los aportes al sistema de seguridad social entre el periodo 2019 al 2024.
Asimismo, actualmente, estoy terminando de preparar otra denuncia penal ante la FGN y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación que involucran presuntas conductas irregulares en contratos que Pachón celebró con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar entre los años 2016 al 2019. Las pruebas son contundentes.
Todo esto es de conocimiento del alcalde Turbay. Sin embargo, su amiga Pachón sigue metiéndose en líos. La semana pasada contactó a la jefa del departamento de la compañía para la que trabajo en EE.UU.
Bien temprano en la mañana del 20 Jun 2024, la jefe del departamento me cuenta que había recibido tres correos electrónicos raros que parecían spams y se referían a mí. El remitente se identificaba como Fany Pachón Rodríguez. Al ver la cuenta de correo desde donde salieron los tres mensajes no pude determinar si realmente se trataba de Pachón, dado que la cuenta no era ninguna de las dos que ella ha usado en los procesos judiciales o en sus hojas de vida.
Los correos electrónicos fueron enviados el miércoles 19 Jun 2024: uno a 6:12 PM, el segundo a las 7:13 PM y el tercero a las 7:18 PM. Uno de ellos, el de las 7:13 PM, tenía adjunto un archivo en formato Word y un mensaje en el cuerpo del correo que decía en inglés:
«I am a woman who has been harassed by one of his workers, Mr. Alvaro Gonzalez, who attacks me through social networks, violating my rights as a woman. In the attached letter, you will find more details of how the events are occurring»(sic). [Soy una mujer que ha sido acosada por uno de sus (de él) trabajadores, el señor Alvaro Gonzalez, quien me ataca a través de redes sociales, violando mis derechos como mujer. En la carta adjunta, encontrará más detalles de cómo los eventos están ocurriendo].
El 21 Jun 2024, la jefa del departamento me informó que, al revisar una cuenta de correo personal que ya casi no utiliza, encontró que Fany Pachón le había enviado otro correo el domingo 16 Jun 2024 con la misma carta. Esta vez el correo sí fue enviado desde una de las dos cuentas que ella típicamente utiliza, prueba inequívoca de que Pachón es la remitente.
Lo primero que hay que decirle a Pachón es que, en EE.UU., escribirle seguido a alguien es muy mal visto y da la impresión de que la persona emisora tiene poca capacidad de juicio y autocontrol, especialmente si no se conoce a la persona destinataria. Segundo, de acuerdo al código penal del estado de Nueva Jersey, lo que hizo está tipificado como ‘harassment’ (acoso) y ‘defamation’ (difamación). Tercero, en Colombia, dicha conducta también está tipificada en el código penal como injuria. Cuarto, por supuesto que voy a denunciarla. Quinto, la semana entrante me reuniré con un abogado acá para tratar de establecer la conveniencia y alcance de denunciarla también en EE.UU.
En resumen, la carta pobremente presentada y redactada me acusaba de atacarla por su condición de animalista, mujer y miembro de la comunidad LGBTIQ+. Acusaciones totalmente sin fundamento. Es claro que el objetivo de Pachón era indisponerme en mi sitio de trabajo y, quizás, lograr que me despidieran. Ninguna de las dos cosas ocurrieron.
Pachón ya había tratado de usar este mismo argumento en el proceso de acción de tutela que interpuse en su contra que le ordenó rectificar sus injurias y calumnias. El 22 Mar 2024, la juez de segunda instancia cerró la puerta a esa discusión en el contexto del proceso. Es más, le aconsejó a Pachón que presentara una tutela si creía que se le habían vulnerado sus derechos. Tres meses han pasado y no ha interpuesto tutela alguna.
Contrario a lo que rige un Estado de derecho, Pachón, decidió una vez más usar la injuria como herramienta, no sabiendo que el mundo corporativo de los EE.UU. no se maneja a punta chismes como en Cartagena. En sintonía con la sugerencia de la juez de segunda instancia, invito a Pachón a que presente una tutela.
Estoy ansioso por leer la línea argumentativa que Pachón va a usar cuando un(a) juez vea las decenas de trinos insultando a todos aquellos que la han cuestionado, en donde usa epítetos homofóbicos, misóginos y denigrantes de la condición humana; muy en contravía de los derechos humanos y la comunidad a la que dice pertenecer.
Asimismo, quisiera ver cómo va a explicarle a un(a) juez una conversación que ella (Pachón) sostuvo en noviembre del año pasado en donde, entre muchos otros, se refería a mí como: ‘basura’, ‘le doy en la jeta a ese marica’, ‘marica y pollerón’, ‘malparido’, ‘es socio de Fernando Araujo y (un tal) Mulet en el robo de tierras’, ‘a esa basura la pongo a voltear’, ‘quiere guerra, la vamos a tener’, ‘yo no tengo problema, él sí los va a tener’. Incluso denigró a una mujer: ‘la puta Rolong’, haciendo indudable alusión a la ex aspirante a la Alcaldía de Cartagena y ex candidata por el Concejo de Cartagena, Mónica Rolong Valdés.
Luego de todas las columnas y trinos en los que ha estado etiquetado, donde he denunciado las conductas de su amiga, resulta poco probable que el alcalde Turbay no esté enterado. Gravísimo es que él no le haya puesto coto a esta situación, lo que podría hacer presumir que todo esto termine siendo una estrategia para atacar a contradictores y personas que piensan diferente.
Alcalde, tómese en serio la petición que le presenté respecto a que aclarara su participación y si estaba enterado de las acciones de su amiga (y contratista de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar) Fany Pachón. No sé si alcanza a dimensionar las posibles consecuencias de que usted pueda estar involucrado en estos hechos si decido interponer una denuncia acá.
Ah…y dígale a su amiga Fany y al resto de áulicos que tiene trabajando en su administración que mientras sean contratistas van a estar expuestos al escrutinio ciudadano, ya que parece que no están conscientes de que eso viene con el paquete. Sus salarios los pagan los contribuyentes.
Ñapa
La cuenta de la plataforma X ‘@ArmandoSimaca5’ (El De la Plena) develó sendas irregularidades en la contratación de los cepos hecha por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Silencio sepulcral desde la administración Turbay, los entes de control y el Concejo de Cartagena. ¡Armando, adelante, tu trabajo es valiosísimo!
