Un anticipo de $500 millones destinado a un contrato de ejecución incierta ha desatado una nueva ola de indignación en la Localidad 2 de Cartagena de Indias. En medio de una profunda crisis económica que afecta al 70% de su población, los habitantes luchan por sobrevivir ante la escasez de oportunidades, mientras el dinero público parece esfumarse sin control ni explicaciones.
La falta de transparencia sobre el destino de estos fondos ha puesto en el ojo del huracán a las autoridades locales, acusadas de ignorar las necesidades más urgentes de la comunidad.
«Estoy apesadumbrada por ver la angustia del 70% de la gente en la Localidad 2 por sobrevivir, y los que deben velar por ellos hacen esta canallada», denunció en su cuenta de X la reconocida líder social Jacqueline Perea Blanco.
El sentimiento de frustración y abandono es palpable. Los habitantes exigen respuestas claras ante lo que califican como un acto de corrupción descarada. Perea Blanco, decidida a no permitir que este desfalco quede impune, sentenció: «No voy a parar, alguien tiene que responder», mostrando su firme compromiso en la lucha contra la corrupción.
Este escándalo pone en evidencia la falta de controles efectivos sobre el manejo de los recursos públicos en Cartagena. A pesar de los millonarios presupuestos destinados a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, el dinero parece desvanecerse sin que nadie rinda cuentas, mientras la comunidad sigue esperando soluciones a su creciente crisis.
