En un operativo conjunto denominado “Sin Límites”, la Policía Nacional de Colombia, en colaboración con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, capturó a cuatro personas en la isla de San Andrés, presuntamente vinculadas a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes, en particular ciudadanos vietnamitas.
La investigación reveló que esta red delictiva operaba bajo la modalidad de “coyotes”, ofreciendo a migrantes asiáticos una ruta irregular que comenzaba en Ipiales y pasaba por Medellín y San Andrés, antes de culminar en Nicaragua. Por cada migrante, la organización cobraba entre 2.000 y 2.500 dólares, facilitando su ingreso y salida de la isla sin el debido registro en las autoridades migratorias.
Entre los detenidos se encuentran dos funcionarios de la Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Uno de ellos trabajaba en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, mientras que el otro pertenecía a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE). Este último, al parecer, utilizaba su cargo para permitir el tránsito irregular de extranjeros desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, omitiendo su labor de control.
La supuesta líder de la organización, conocida como “Natasha”, coordinaba las actividades delictivas, incluyendo el alojamiento y alimentación de los migrantes, además de recibir el dinero pagado por ellos. Su pareja, apodado “El Gordo”, un ciudadano nicaragüense, se encargaba de recoger a los migrantes en el aeropuerto y transportarlos vía marítima hasta Nicaragua. Ambos fueron capturados en el barrio San Luis Elsy Bar durante dos allanamientos.
También fue detenido “José”, el funcionario de OCCRE, quien, durante su horario laboral, facilitaba la entrada de personas extranjeras a la isla, ignorando sus responsabilidades de control migratorio. La captura se realizó en el barrio La Loma.
Las cuatro personas capturadas fueron presentadas ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó su detención. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. El juez dictó medida de aseguramiento privativa de libertad, enviándolos a un centro carcelario en la isla.
Este operativo resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de personas y la corrupción dentro de las instituciones, evidenciado la importancia de salvaguardar la integridad de los migrantes en Colombia.
