La agudización de la violencia y la inseguridad, y el fracaso de la «paz total” de Petro están fuera de toda duda. La construcción y la puesta en marcha de una política de seguridad integral en el 2026 es uno de los más vitales desafíos del próximo gobierno. Comparto algunas ideas.
Ninguna tarea en materia de seguridad puede ser exitosa, ni en Colombia ni en ningún lado, sin unas fuerzas militares y de policía altamente capacitadas y entrenadas, dotadas con los equipos y materiales que les son indispensables, y con alta moral de combate.
El nuevo Presidente debe asumir a cabalidad su papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y darles su apoyo firme y decidido. Hay que depurar los mandos de cualquier infiltración petrista, dar estabilidad a los nuevos líderes, restablecer la iniciativa estratégica y la actitud ofensiva de las Fuerzas Militares, definir nuevas y más amplias reglas operacionales y garantizar seguridad jurídica a las tropas, entregarle los presupuestos que necesitan, dotarlas de modernas herramientas de informática, tecnología e inteligencia artificial, recuperar el poder aéreo y helitransportado y reconstruir la inteligencia, restaurar los mecanismos de cooperación con la ciudadanía, rehacer las fuerzas especiales.
Hay que recuperar la confianza y la cooperación de los militares, las policías y las unidades de inteligencia de los países con los que compartimos valores y la defensa de la democracia republicana, en particular los EE.UU, Gran Bretaña, la Unión Europea e Israel. Con los vecinos hay que reconstruir los mecanismos para la realización de operaciones conjuntas contra el delito. El respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los otros países, pilar del derecho internacional y que debe ser rigurosamente cumplido por Colombia, exige a su vez que Venezuela impida el uso de su territorio por los grupos ilegales.
Hay que terminar de plano con las múltiples políticas erradas de Petro que benefician a los mafiosos, enviar el mensaje inequívoco de que al narco se le combatirá sin cuartel, reformular los programas de sustitución de cultivos ilícitos (hoy son solo un incentivo perverso para más siembras), establecer plazos cortos y acudir a la erradicación forzada cuando se incumplan y en las áreas ambientalmente protegidas, fortalecer los programas de interdicción, luchar contra el microtráfico, recuperar la extradición y la cooperación judicial internacional, concentrarse en desmantelar las estructuras de lavado de activos, depurar la SAE y reconducir la UIAF, hoy usada como policía política.
Sería un gran error apostar solo a la “solución” militar y policial. Las operaciones de la fuerza pública son fundamentales. Pero el control militar de área, aunque es condición necesaria, no es suficiente. Se requiere el dominio integral del territorio por parte del Estado, con despliegue institucional permanente, tanto de la acción social del ejecutivo como del aparato judicial. Clave, en todo caso, que las políticas públicas no privilegien de ninguna manera a los ilegales. Ese favorecimiento solo incentiva al que nunca ha violado la ley a hacerlo porque sabe que solo así recibirá unos beneficios que de otra manera no tendría.
La definición de una nueva política de seguridad ciudadana es ineludible. Las reglas básicas deben ser exigir el respeto pleno a la autoridad, que los derechos y libertades de quienes respeten la ley estén por encima de los de los bandidos y que haya castigo efectivo para los infractores. Castigar severamente la reincidencia es indispensable. La cooperación y la coordinación de la policía de investigación y la Fiscalía es imprescindible y debe concentrarse en la delincuencia organizada. Hay que reducir al mínimo los esquemas de protección. Menos escoltas y más policías en las calles. Las penitenciarias y las cárceles deben cumplir su función y dejar de ser centros y escuelas del delito. Se requiere el uso intensivo de la tecnología para suplir el déficit de pie de fuerza. Y la recuperación sostenida de los espacios públicos.
Una política para los jóvenes es urgente. Debe empezar por la restauración de la educación cívica, la formación en el respeto de la ley y de los derechos de los demás y el reconocimiento de los deberes propios. Hay que hacer énfasis en el combate de la drogadicción y el alcoholismo, en evitar la deserción escolar y en la puesta en marcha de programas integrales de arte, cultura y deporte.
Termino sosteniendo que la paz no se hace con impunidad ni rompiendo el principio de igualdad frente a la ley para darle beneficios y privilegios a los bandidos, a aquellos que tienen como única valía hacer parte de organizaciones criminales donde se mata mucho y por mucho tiempo, que no tienen los ciudadanos que no han delinquido. La democracia y el estado de derecho se construyen con la estricta aplicación de la ley. Sometimiento, desmovilización y desarme.
