El inicio del juicio por el triple asesinato en Chimá, Córdova, no solo marca el comienzo de un proceso judicial, sino también la cristalización de una justicia en Colombia que se ha convertido casi en un reality show. La transformación del litigio en un espectáculo mediático genera serias dudas sobre la capacidad del sistema para actuar de manera imparcial y rigurosa en casos de tanta trascendencia social.
A pesar de contar con material probatorio que, según los familiares de las víctimas, respalda las acusaciones contra Cristian Petro y Juan Soto, el proceso ha enfrentado múltiples obstáculos. Uno de ellos es la percepción de que el escenario judicial se ha convertido en un espectáculo, donde las audiencias preliminares y la transmisión virtual parecen más propias de una película de acción y suspenso que de un proceso que busca, ante todo, la verdad y la reparación del daño. Esta forma de proceder amenaza con distorsionar la seriedad del proceso, ya que cuando la justicia se somete a un escrutinio mediático exacerbado, la presión pública puede interferir en la aplicación objetiva de la ley.
Otro factor crítico es la inercia y dilación de los procesos judiciales. La preocupación expresada por los familiares de las víctimas ante la posibilidad de un «vencimiento de términos» pone de manifiesto la urgencia de contar con mecanismos que eviten la impunidad. La prolongación de las investigaciones y las audiencias, sumadas a la virtualidad del proceso —que, si bien permite la continuidad del juicio en tiempos de crisis, también puede generar desconexión y falta de transparencia en la rendición de cuentas—, constituyen barreras que entorpecen el avance de la justicia.
El caso en cuestión se suma a otros episodios dolorosos y complejos, como los asesinatos del ganadero Emiro Cerro Rodríguez en Buenavista, Sucre, y del médico Alfredo Isaac Hernández, cuyas investigaciones también enfrentarán un escrutinio riguroso y público. Estos casos evidencian un panorama en el que la justicia se ve sometida a presiones externas y a una narrativa mediática que, lejos de favorecer la verdad, puede inclinarse hacia el sensacionalismo.
Es imperativo que el sistema judicial colombiano recupere su función primordial: garantizar un debido proceso, sin la interferencia de la opinión pública o de intereses que transformen la búsqueda de justicia en un espectáculo. Los desafíos son enormes, pero la confianza en el trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y el material probatorio acumulado deben impulsar una acción judicial firme, rigurosa y alejada de narrativas que buscan el sensacionalismo.
Solo con procesos transparentes, eficientes y serios se podrá devolver la fe a una ciudadanía que clama por justicia, y se evitará que, una y otra vez, la justicia se convierta en un mero show mediático que, en lugar de sanar heridas, perpetúa la impunidad.
