«En Colombia existen ocho conflictos armados no internacionales. Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas FARC-EP, actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. Los otros cinco conflictos son entre grupos armados no estatales: uno, entre el ELN y las AGC; los cuatro restantes entre las antiguas FARC-EP y 1) la Segunda Marquetalia, 2) los Comandos de Frontera – Ejército Bolivariano, 3) el ELN y 4) las AGC», afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su Balance Humanitario 2024 sobre Colombia.
Si en ese informe el CICR señaló que, además de que «los conflictos armados persisten en Colombia, su impacto humanitario no ha disminuido sustancialmente», en el último Balance, publicado hace tres días, advirtió que durante el año pasado «el aumento de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, por ende, de las consecuencias humanitarias, fue evidente en las zonas más afectadas por esos conflictos. El deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años».
El documento muestra que el año pasado “la situación humanitaria se deterioró de manera preocupante, [y aumentaron] el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; la violencia sexual; la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos; la falta de respeto a los principios que rigen la conducción de hostilidades; y el trato indebido de civiles, entre otros. [L]a materialización de estos riesgos profundizó diversas consecuencias humanitarias, como el número de personas heridas, muertas y desaparecidas; la afectación por artefactos explosivos; el confinamiento; el desplazamiento; y los actos violentos contra la asistencia de salud”.
Un desastre en toda regla. El informe constata que el proceso de paz de Santos estuvo lejos de lograr la paz. Por un lado, porque lo acordado en materia de narcotráfico, el “nuevo paradigma”, no solo no contribuyó a disminuir la coca, sino que constituyó un incentivo perverso para nuevos narcocultivos. La combinación de frenar la fumigación aérea, prohibir erradicar en las zonas de frontera y un programa de sustitución mal concebido, que invitó al cultivador legal a pasarse a la coca, trajo como consecuencia que los narcocultivos saltaran de 48.000 hectáreas en 2013 a 169.000 en 2018.
Por otro lado, porque el Estado nunca consolidó su presencia donde las FARC se desmovilizaron y esas áreas fueron ocupadas por otros grupos ilegales. Finalmente, porque la entrega a las FARC de beneficios judiciales, económicos y políticos que jamás tendrán quienes nunca hemos delinquido, también fue una invitación a nuevas violencias. Muchos entendieron que tienen ventaja si hacen parte de un grupo ilegal.
En segundo lugar, se confirma que la “paz total” de Petro ha sido una tragedia aún mayor. No solo mantuvo todos los errores de Santos, que tampoco corrigió Duque, sino que los agravó y agregó unos nuevos. En materia de narcotráfico, acabó con cualquier forma de erradicación, incluso la voluntaria, y no solo dejó de combatir a los mafiosos, sino que les dio el mismo tratamiento que a los subversivos. No debe extrañar que a fines de 2023 estuviéramos inundados con 253.000 hectáreas de coca y 2.664 toneladas del polvo mortal. Las cifras para 2024 deben ser mucho peores.
Además, desechó todas las lecciones aprendidas durante cuarenta años de procesos de paz. Particularmente graves han sido los ceses al fuego desde el inicio de las conversaciones, donde solo se exigía a los violentos no enfrentar a la Fuerza Pública, pero sin que dejaran de delinquir o de cometer atrocidades contra los civiles. Confinar en los cuarteles a militares y policías permitió a los violentos expandirse por todo el territorio y propició enfrentamientos entre ellos para asegurar el control de las economías ilegales y sus rutas de salida. Y en nada ha ayudado la suspensión de órdenes de captura, incluso en casos de flagrancia, bajo el pretexto de las negociaciones.
Finalmente, la destrucción sistemática de las capacidades, el liderazgo y la moral de la Fuerza Pública ha dejado a los ciudadanos a merced de los violentos. Aunque el aumento de la violencia es más agudo en las áreas rurales, el deterioro de la seguridad también se siente en las ciudades, como lo demuestra el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones.
El fracaso de la “paz total” es absoluto. El eslogan de “potencia mundial de la vida” es un chiste malo y cruel. En la desafiante policrisis que deberá enfrentar el próximo gobierno, la seguridad debe ser una prioridad como ninguna otra.
