Una denuncia por usurpación de funciones públicas, inicialmente archivada por la Fiscalía, vuelve a escena y pone bajo la lupa la presunta participación de un ciudadano sin contrato ni nombramiento oficial en funciones sensibles de la Alcaldía de Cartagena de Indias. El protagonista del caso: Amílkar Venecia Barrios, señalado de actuar como asesor de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana sin estar vinculado legalmente a la Administración Distrital.
La ampliación de la denuncia fue radicada por el ingeniero Álvaro González Álvarez ante la Fiscalía 60 Seccional de Cartagena, a cargo de Danelis Sánchez Pimienta. En ella no solo se insiste en que Venecia Barrios se presentó en espacios institucionales como si fuera funcionario público, sino que también se cuestiona duramente la actuación de la Fiscalía 63, que en un primer momento archivó el caso pese a las pruebas aportadas.
“Este hecho deja un manto de dudas”, afirma González, al recordar que la fiscal Karina Pérez Jiménez solo reabrió el proceso después de una tutela. A juicio del denunciante, no se requerían nuevas pruebas para justificar la reapertura, pues el material inicial ya era “robusto y claro”.
¿Qué pruebas existen? | Entre las evidencias presentadas se encuentran:
- Un acta de reunión con comunidades afrodescendientes donde Venecia Barrios participa como delegado de la SICC.
- Su nombre (con error tipográfico) incluido en los créditos del documento técnico del Plan de Desarrollo.
- Fotografías vistiendo uniformes de la entidad adscrita al Distrito.
- La negativa oficial de la Alcaldía a entregar actas de los consejos de seguridad de 2024, que según González, podrían contener más pruebas de su intervención en funciones públicas.
El caso se agrava ante la posibilidad de que no se trate de un hecho aislado, sino parte de una estructura más amplia de irregularidades administrativas, en la que podrían estar implicados otros funcionarios de la actual administración. Aunque el nombre del alcalde Dumek Turbay es mencionado tangencialmente, el documento centra su atención en la figura de Venecia Barrios y la permisividad institucional que le habría facilitado actuar sin respaldo legal.
Más allá del fondo del caso, el documento plantea una reflexión seria sobre el papel del Ministerio Público: ¿Qué ocurre cuando una denuncia bien sustentada se archiva sin mayor análisis? El denunciante cuestiona directamente la gestión de la fiscal Pérez Jiménez, sugiriendo negligencia o falta de diligencia procesal. También invoca la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) para exigir acceso a documentos claves que permitirían esclarecer los hechos.
En medio de una Cartagena de Indias agobiada por escándalos políticos, esta denuncia levanta polvo sobre la forma como se manejan cargos y funciones públicas dentro del Distrito. Pero también deja en evidencia las falencias del sistema judicial para procesar denuncias ciudadanas con seriedad y oportunidad.
El caso aún está en fase de indagación, pero su resolución podría convertirse en una prueba de fuego para la Fiscalía y para la Administración Distrital. Si se comprueba que Venecia Barrios actuó sin vínculo contractual, podría enfrentarse a cargos penales, mientras que la Alcaldía tendría que rendir cuentas por permitir —o no evitar— una posible usurpación institucional.
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La ciudadanía, por su parte, observa expectante. Porque más allá de un nombre o un cargo, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones.
