Pese al endeudamiento histórico aprobado al alcalde Dumek Turbay, los debates de control político cayeron un 83% y no hubo rendición de cuentas adecuada en 2024.
En 2024, mientras el Concejo de Cartagena de Indias autorizaba la mayor operación de endeudamiento en su historia –un crédito público por $1.5 billones para financiar ambiciosos proyectos de infraestructura– el ejercicio de control político, pilar del equilibrio institucional, se desplomaba. Así lo revela el más reciente informe del Observatorio de Funcicar, que advierte con preocupación la consolidación de un Concejo más ejecutor que vigilante.
Según el informe, los concejales aprobaron el 89% de los proyectos presentados por la Alcaldía de Dumek Turbay, incluyendo millonarias operaciones financieras y modificaciones presupuestales estratégicas, sin rechazar ninguna de sus iniciativas. El tiempo promedio de aprobación incluso se redujo, pasando de 53 días en 2020 a apenas 37 en este primer año de gobierno.
Pero lo más alarmante no está en la eficiencia legislativa, sino en su contraparte: el control político se redujo en un 83% comparado con 2020. De 47 debates realizados entonces, apenas se desarrollaron 8 en todo el 2024. Las proposiciones también se redujeron drásticamente (72% menos), y no hubo ni una sola moción de censura ni de observación, a pesar de que en años anteriores estos mecanismos fueron usados para exigir responsabilidades a funcionarios.
El caso más emblemático es la aprobación del Acuerdo 147, que autoriza el crédito por $1.5 billones, y su modificación posterior, el Acuerdo 160. Ambas iniciativas fueron aprobadas con 18 votos a favor y solo uno en contra, el del concejal Javier Julio Bejarano. Las audiencias públicas realizadas para socializar estos proyectos claves no contaron con participación ciudadana. En una no se inscribió nadie; en la otra, los inscritos no asistieron.
«Es un hecho preocupante que decisiones tan trascendentales para el futuro financiero de la ciudad se hayan tomado sin deliberación ciudadana y con tan poco debate institucional», dijo Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar. “El control político no es un trámite, es un deber constitucional. Su ausencia deja al Ejecutivo sin contrapesos”.
Aunque la asistencia a las sesiones fue alta (97% en promedio), el rol crítico de los concejales se diluyó. A pesar del volumen de proyectos y del nuevo Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”, la Corporación no ejerció su función de evaluación ni pidió cuentas formales a la Alcaldía. De hecho, en 2024 no se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, como lo establece el reglamento interno.
Además, cuatro concejales no cumplieron con la obligación de publicar sus posibles conflictos de interés, lo que vulnera la Ley 2013 de 2019 sobre transparencia: Armando Córdoba (Alianza Verde), Gloria Estrada (Liberal), Javier Julio (Pacto Histórico) y William Pérez (Centro Democrático).
Frente a lo que será un 2025 con grandes contrataciones y ejecución de proyectos claves como hospitales, infraestructura vial y centros educativos, Funcicar llama al Concejo a retomar su función de vigilancia, y a realizar un seguimiento detallado a la ejecución presupuestal, la viabilidad de las deudas asumidas y el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
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En palabras de Calderón: “El endeudamiento sin control político puede traducirse en obras ineficientes, sobrecostos o incluso corrupción. Lo que está en juego es el futuro de Cartagena”.
