- Por: Abraham Saker Whittingham | Periodista.
La noticia de que la Alcaldía de Cartagena contrató a una empresa chilena para buscar con un robot sumergible de alta tecnología a la médica practicante Tatiana Hernández, llama poderosamente la atención. Esta decisión se anuncia justo después de que la Armada Nacional suspendiera oficialmente la búsqueda en el mar, al considerar que no había indicios de que la joven siguiera con vida en esa zona.
La Armada, que inicialmente desplegó recursos humanos y tecnológicos para hallar a Tatiana, concluyó que era momento de redirigir los esfuerzos hacia tierra firme. No obstante, la Administración Distrital parece no compartir ese criterio y ha optado por contratar a una empresa extranjera para continuar con las labores en el mar.
Esta decisión despierta varias preguntas legítimas: ¿Por qué la Alcaldía insiste en un enfoque descartado por expertos en búsqueda y rescate? ¿Qué criterios se usaron para contratar a esta firma chilena? ¿Cuánto costará esta operación, y qué garantías hay de que ofrezca mejores resultados que los de la Armada Nacional?
Más allá de las dudas técnicas, hay un asunto que preocupa aún más: el uso de recursos públicos en una acción que podría resultar innecesaria, simbólica o incluso contraproducente. No queremos pensar que hay un interés económico detrás, porque sería aberrante que se esté lucrando con el dolor profundo de una familia que aún espera respuestas.
Contratar una empresa extranjera, de la que no se tienen mayores referencias públicas, y cuya capacidad operativa aún está por verse, puede percibirse como un acto de desesperación institucional o, peor aún, como una jugada política. ¿Acaso la Armada de Colombia —reconocida como una de las más capacitadas del continente en búsqueda y rescate marítimo— no era suficiente?
Todo parece indicar que esta medida busca reforzar la narrativa oficial de que Tatiana se ahogó, una hipótesis que eximiría a las autoridades de otras responsabilidades más complejas. Porque si bien no son culpables directos de la desaparición, sí son responsables de omisiones claras: la falta de mantenimiento de las cámaras de seguridad en la zona, la ausencia de una reacción oportuna y coordinada, y la negligencia institucional que ha generado una enorme incertidumbre.
Además, si la intención era retomar la búsqueda en el mar, ¿por qué no recurrir a aliados locales como Aguas de Cartagena, que en casos anteriores ha prestado equipos especializados a menor costo?
La Alcaldía de Cartagena debe reconsiderar esta contratación. La prioridad no debería ser un espectáculo con tecnología extranjera, sino acompañar con respeto y responsabilidad a la familia de Tatiana Hernández, y concentrar todos los esfuerzos en esclarecer los hechos en tierra, tal como lo han recomendado los expertos de la Armada. Que esta nueva etapa de búsqueda no termine siendo, como tememos muchos, un “paquete chileno”.
