¿Dónde están las estrategias de seguridad del Plan Titán24? ¿Dónde están los refuerzos que llegaron a combatir el crimen? ¿Quién controla a los sicarios que se pasean impunes por Cartagena? ¿Qué mensaje reciben los ciudadanos que cada día arriesgan su vida simplemente por salir a trabajar?
La ciudad amurallada, Cartagena de Indias, orgullo turístico del Caribe colombiano, se desmorona entre balas, sangre e impunidad. En menos de 48 horas, siete personas han sido asesinadas en distintos puntos, todas víctimas del accionar sicarial que parece haberse convertido en una rutina macabra.
El crimen más reciente ocurrió al mediodía de este martes 3 de junio en el barrio Nariño, en las faldas del cerro de La Popa. Allí, Gustavo Alfonso Castillo Hernández, un reconocido vecino de la zona y propietario de un salón de baile, fue asesinado a quemarropa mientras conducía su motocicleta.
Según versiones preliminares, dos hombres en moto lo interceptaron y sin mediar palabra el parrillero le disparó por la espalda. Los impactos lo hicieron perder el control del vehículo y estrellarse. Ya en el suelo, el sicario lo remató con disparos en la cabeza. Todo esto, en plena vía pública, a la vista de vecinos que almorzaban con sus familias.
El asesinato de Castillo Hernández quien tenia 38 años no es un hecho aislado. Es el séptimo en menos de dos días, una cifra alarmante que evidencia la crisis de seguridad que atraviesa la capital de Bolívar.
La racha criminal comenzó el domingo con un atraco fatal en el barrio El Espinal, seguido por asesinatos en República de Chile y Nuevo Paraíso. Luego, ya en la madrugada del lunes, ocurrieron homicidios en Olaya Herrera y Paseo Bolívar, y en la noche, el asesinato del mototaxista Jesús David Prada Rodríguez en La Victoria. La Policía, lejos de ofrecer respuestas o capturas, se limitó a decir que Prada tenía seis anotaciones judiciales, como si eso justificara su ejecución a sangre fría.
La ciudadanía vive con miedo. Calla, se encierra, cambia rutas, evita salir de noche. Mientras tanto, las autoridades no emiten una postura clara, no presentan resultados concretos, no se pronuncian con la urgencia que exige el momento.
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La pregunta que flota en el ambiente es contundente: ¿Quién manda en Cartagena? Porque si no son las instituciones, si no es el Estado, parece que lo hacen las bandas armadas, los grupos delincuenciales que han tomado la ciudad como suya, con reglas propias y castigos letales.
Cartagena de Indias no puede normalizar el crimen. No puede resignarse a ser una ciudad donde los homicidios son estadística de cada amanecer. La vida de sus ciudadanos sí importa. La situación exige más que patrullajes esporádicos o ruedas de prensa. Se necesitan acciones estructurales, decisiones valientes y un liderazgo que priorice la seguridad por encima del maquillaje turístico.
