Una sombra de preocupación se cierne sobre uno de los proyectos más esperados por las comunidades rurales del norte de la ciudad: la construcción del sistema de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, una obra vital para la salud y dignidad de más de 20 mil habitantes. Lo que debería ser un hito de progreso está hoy en el ojo del huracán por las dudas que pesan sobre uno de los principales consorcios aspirantes: el Consorcio Redes CCC, cuya trayectoria empresarial y conexiones familiares despiertan serias alertas.
- ¿Quiénes están detrás?
El Consorcio Redes CCC está conformado por Construcciones e Inversiones Beta S.A.S. (Consinbe), Construcciones Sertor S.A.S., Construcciones y Concretos del Caribe S.A.S. y Virgilio Enrique Osorio Torres. Los nombres no son nuevos: tanto Consinbe como Sertor S.A.S. están vinculadas a la familia Torres de Barranquilla, ampliamente conocida por su participación activa en contratos públicos… y por el cúmulo de cuestionamientos que han rodeado varios de sus proyectos.
- ¿Antecedentes peligrosos?
Los apellidos Torres Reátiga y Torres Vergara resuenan con fuerza en la historia reciente de la infraestructura caribeña. Sergio Torres Reátiga, cabeza visible del clan, fue representante de Grupo Ocean S.A., la firma detrás del colapsado proyecto inmobiliario Ocean Tower en Cartagena, que dejó un hueco patrimonial cercano a los 160 mil millones de pesos y decenas de familias afectadas.
Su hijo, Javier Torres Vergara, también figura en investigaciones periodísticas sobre la trama Odebrecht – Ruta del Sol II. Aunque no ha sido condenado, su nombre aparece mencionado en reportes financieros y declaraciones sobre presuntas operaciones irregulares que merecen escrutinio institucional.
- Obras fallidas en otras regiones
Las alarmas no suenan solo por antecedentes judiciales. Consinbe fue parte de la Unión Temporal Escuelas del Caribe, contratada para intervenir 26 colegios en el Atlántico. El resultado fue desastroso: algunas construcciones presentaron fallas estructurales tan graves que hubo que demolerlas, según confirmó el entonces secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuán.
También se les vincula con el fallido Consorcio Alfaredes Salgar, donde, según denuncias ciudadanas, el sistema de alcantarillado jamás funcionó, y la comunidad debió volver a usar pozos sépticos.
- Preocupación ciudadana
Ante estos antecedentes, organizaciones civiles y veedores han solicitado a la Procuraduría General, la Contraloría y los entes de control territoriales una revisión rigurosa de las hojas de vida de los oferentes. El temor es claro: una adjudicación sin filtros podría traducirse en el despilfarro de recursos públicos y en un nuevo capítulo de frustración para dos corregimientos históricamente excluidos.
- El historial de elefantes blancos
Cartagena de Indias ya ha sido escenario de múltiples obras inconclusas, mal ejecutadas o abandonadas. Repetir la fórmula de contratar empresas con historial problemático puede derivar en otra tragedia anunciada.
Observatorios como La Contratopedia Caribe han identificado un “ecosistema empresarial interconectado” en la región, donde nombres, representantes y direcciones se repiten entre consorcios, lo que dificulta el control y pone en tela de juicio la transparencia de los procesos.
Tras la revocatoria del primer proceso de adjudicación el 29 de abril de 2025 —por información engañosa del entonces ganador, el Consorcio Alcantarillado Rural— se abrió un nuevo proceso por selección abreviada el 5 de mayo. La presentación de ofertas cerró el 4 de junio y se espera que la adjudicación oficial se conozca alrededor del 13 de junio de 2025.
Los cuatro consorcios en competencia
| Consorcio | Origen | Empresas integrantes | Experiencia regional | Riesgos percibidos |
| Redes Alcantarillado 2025 | Cartagena | 5 empresas locales | Participaron en el proceso revocado | Antecedentes por documentos falsos |
| Redes CCC | Soledad | Consinbe, Sertor, etc. | Alta experiencia en la Costa | Obras fallidas y apellidos cuestionados |
| Impulsión Bayunca y Pontezuela | Bogotá | 4 empresas especializadas | Nueva en la región | Sin historial confirmado, pero sin antecedentes negativos |
| Saneamiento Cartagena | Desconocido | Integrantes bogotanos | Poco claro | Información limitada y estructura opaca |
El contrato en juego
- Valor: $128.253 millones de pesos
- Duración: 19 meses, en dos fases
- Cobertura: 1.101 viviendas (806 en Bayunca y 295 en Pontezuela)
- Financiación: Crédito de la Alcaldía de Cartagena, más aportes del Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Bolívar.
¿Y ahora qué?
Las comunidades esperan con ilusión, pero también con escepticismo. Tras más de 20 años de promesas incumplidas, el deseo de un alcantarillado digno sigue vivo. Pero la duda persiste: ¿esta vez será diferente o estamos frente a una nueva historia de contratos amañados y obras inservibles como el de El Carmen de Bolívar?
En un país golpeado por la corrupción en obras públicas, Cartagena no puede permitirse otro fracaso anunciado. La ciudadanía exige respuestas. Los organismos de control tienen la palabra.
La contratación pública no puede seguir siendo una ruleta donde ganan los de siempre y pierden los de siempre. Las comunidades de Bayunca y Pontezuela merecen algo mejor que un nuevo escándalo. Merecen agua limpia, salud pública y transparencia.
«A la luz de los antecedentes señalados, resulta indispensable aplicar el mismo nivel de escrutinio que se ejerció en el proceso anterior, el cual —según nuestras fuentes— fue revocado por inconsistencias detectadas. En ese sentido, llama poderosamente la atención que, hasta la fecha, la entidad responsable no haya publicado las ofertas presentadas por los demás consorcios participantes, lo que impide su revisión por parte de la ciudadanía y limita la posibilidad de ejercer veeduría sobre un proceso que debería regirse por los principios de transparencia y acceso a la información pública», cuestiona un vocero de veeduría.
Y surge un interrogante ¿Nos preguntamos será que el comité evaluador y su líder ya están preparando un escenario similar al observado la semana pasada en dos procesos relacionados con el sector educativo, donde la estrategia fue inhabilitar a todos los oferentes, excepto al finalmente adjudicado?.
Advierten que «de ser así revelaran en detalle todas las anomalías detectadas, respaldadas con documentación y análisis, en defensa del interés público y el uso responsable de los recursos».
