En menos de 24 horas, la ciudad registró dos homicidios selectivos, uno de ellos el de un líder comunal. La impunidad se consolida como aliada de la violencia mientras las autoridades repiten el mismo libreto: “tenia antecedentes penales”.
Mientras los cartageneros se preparaban para iniciar su domingo, los sicarios ya habían comenzado su faena. Eran las 6:45 de la mañana cuando un hombre identificado como Rodolfo de Jesús Castro Guerrero, de 34 años fue asesinado frente a una discoteca en la avenida El Bosque. Dos sujetos en moto, siguiendo el guion habitual de la muerte, se le acercaron y uno de ellos, el parrillero, le disparó sin titubeos. Tres tiros bastaron para silenciar otra vida, en un crimen que no solo desangra a la ciudad, sino que también deja en evidencia el desgobierno y la fragilidad institucional.
Este hecho se suma al asesinato del líder comunal Willy David Pérez Quiroz, ocurrido apenas un día antes en Pasacaballos, donde fue emboscado en la vereda La Concordia. Pérez no era cualquier ciudadano: era un referente de trabajo social, impulsor de procesos de capacitación rural y presidente de la Junta de Acción Comunal en Zarabanda, Olaya Herrera. Su asesinato, como muchos otros, sigue sin una sola captura.
Lo preocupante no es solo la frecuencia de estos hechos, sino la normalización del terror. La pregunta es inevitable: ¿Dónde están las estrategias de seguridad? ¿Para qué sirven los consejos de seguridad y los operativos relámpago si la muerte se pasea a cualquier hora del día sin oposición?
La violencia en Cartagena no da tregua y, peor aún, no encuentra resistencia efectiva. Las autoridades locales repiten comunicados, prometen investigaciones y ofrecen recompensas que poco o nada disuaden a los asesinos. Mientras tanto, la ciudadanía observa, entierra a sus muertos y se hunde en una creciente sensación de orfandad estatal.
