En un esfuerzo por acercar el Estado a las regiones y transformar la gestión jurídica pública desde el territorio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) liderará en Cartagena de Indias una ambiciosa feria de servicios jurídicos, dirigida a abogados y abogadas del Caribe colombiano.
El evento se desarrollará el 24 y 25 de julio en alianza con la Universidad de Cartagena, y reunirá a más de 150 profesionales del derecho de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. La jornada, que lleva como lema “Trabajemos junt@s por el fortalecimiento de la gestión jurídica de tu municipio”, promete convertirse en un punto de inflexión para la modernización y fortalecimiento de los equipos jurídicos locales.
Esta es la segunda parada del Plan Nacional de Acompañamiento Territorial de la ANDJE, que arrancó recientemente en Quibdó, Chocó, y contempla una cobertura integral de asesoría jurídica en todo el país.
Durante los dos días de feria, las cinco direcciones misionales de la Agencia ofrecerán asesorías personalizadas desde sus propios stands. Se brindará orientación especializada sobre el uso de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones jurídicas, la prevención del daño antijurídico, el acceso a bases jurisprudenciales y la aplicación de modelos de gestión del conocimiento, entre otros temas clave para la defensa del Estado.
“Queremos que los equipos jurídicos de los municipios pasen de ser reactivos a convertirse en protagonistas de una gestión jurídica estratégica, eficiente y preventiva”, afirmó César Palomino Cortés, director general de la ANDJE. “Estamos apostándole a una defensa más cercana, articulada con las realidades de cada región, para evitar que los errores administrativos se traduzcan en demandas millonarias contra el Estado”.
Esta estrategia no solo busca reducir el impacto fiscal de los litigios, sino también promover una cultura jurídica preventiva, más pedagógica y conectada con las dinámicas locales.
Con esta iniciativa, la capital de Bolívar se convierte en escenario clave para consolidar una red jurídica pública más robusta y comprometida con el buen gobierno. Una apuesta que, más allá de lo técnico, envía un mensaje claro: el Estado también se defiende desde los territorios.
