Resulta un acto de una irresponsabilidad e irreverencia institucional que el gobierno de Gustavo Petro avale (condescendiente y con complacencia) la propuesta de Nicolás Maduro de “articular las fuerzas militares” entre Colombia y Venezuela. ¿Acaso no percibe Petro, o finge no verlo, que en Venezuela los uniformados están tan cooptados por el narcotráfico como el régimen que los dirige?
Maduro no habló de una simple coordinación operativa, sino de integrar estructuras conjuntas con el objetivo presentado como noble: combatir el narcotráfico en la frontera. Gustavo Petro se apresuró a aclarar que no se trata de “unir los ejércitos”, sino de articularlos. Pero esta sutileza semántica no corrige el fondo: permitir que las fuerzas armadas de un país que agrupa las ruinas del narcoterrorismo, cómplice del ELN y de disidencias de las FARC, sea aceptada en una estrategia militar común con Colombia es un acto de ingenuidad política, o peor aún, de complicidad.
Venezuela ha sido acusada desde hace años de albergar y cooptar guerrilleros. La presencia del ELN en al menos una docena de estados venezolanos ha sido documentada por organizaciones como Insight Crime, y relaciones entre la FANB y el grupo insurgente han sido denunciadas por ONG como Fundación Redes. Peor aún, el gobierno de Venezuela ha dado la bienvenida públicamente a exlíderes de las FARC como Santrich e Iván Márquez, calificándolos de “líderes de paz”. ¿Cómo se le ocurre a Petro legitimar una articulación militar con un gobierno que protege y exalta a quienes han sido señalados por reclutar niños, asesinar y traficar droga?
Este doble discurso no es más que un disfraz de la política superficial del “gobierno del cambio”. Apoyar la llamada coordinación con Maduro ahora, cuando antes se silenciaba frente al pacto binacional con él, no es pragmatismo: es traición a los principios de soberanía y seguridad nacional. El ELN, la FARC, el narcotráfico, ellos sí tienen acceso privilegiado en Venezuela, no solo en la retórica, sino en la realidad operativa.
Maduro, además, reforzó recientemente su fachada militarista al declarar que Venezuela se prepara (junto a Cuba y Nicaragua) para “tomar las armas” si fuese necesario, como si fuese una gran alianza antiimperialista. Mientras tanto, su FANB funge como escudo protector de redes criminales.
Petro, con su orden de “articular inteligencias” con aliados globales (EE.UU., Europa, China, etc.), pretende cubrir este marrón diplomático con una nebulosa internacionalista. Pero ningún potenciómetro moral puede atenuar el riesgo de legitimar a un régimen acusado de narcoterrorismo.
¿Acaso Petro no se da cuenta del absurdo? ¿O lo que verdaderamente busca es consolidar ese llamado “pacto diabólico” con Maduro, ese silencio cómplice frente a la tiranía, y ahora con una bandera militar como coartada? Colombia se merece más que un gobernante que disfraza alianzas peligrosas bajo jerga diplomática.
Articular fuerzas militares no es un acto de valentía si uno de los interlocutores es el narcotráfico encarnado. Es una señal de debilidad suicida, de renuncia a la defensa del Estado y del pueblo. Es una provocación a la historia, a la democracia y a quienes todavía creen que la soberanía se defiende, ante todo, con coherencia y dignidad, no con palabras suaves y acuerdos peligrosos.
