Se consumó el asesinato de Miguel Uribe. Un horror para su familia y para Colombia. Su hijo Alejandro, de apenas cuatro años, crecerá sin su padre, arrebatado por los violentos, como el mismo Miguel creció sin Diana, su mamá, a quien los mafiosos le quitaron la vida en 1991.
Algunos sostienen que este crimen confirma que somos un país condenado a la violencia y que, una vez más, el ciclo se repite. Hay que tener mucho cuidado con semejante afirmación. Por un lado, contrario al sentir común, Colombia no siempre ha sido violenta, o al menos no más que el resto del continente. Durante el siglo pasado, las tasas de homicidio en nuestro país fueron muy parecidas a las de América Latina, excepto durante el enfrentamiento entre liberales y conservadores (1948-1953) y, con tendencia creciente, a partir de 1975, cuando emergió la bonanza marimbera. Con la coca, los homicidios se multiplicaron exponencialmente hasta llegar a 79 por cada cien mil habitantes en 1991. Para 2010 la tasa había bajado a 34,5 y en 2014 era de 26,5: la tercera parte de la de 1991. Desde entonces la disminución ha sido marginal, con aumentos en 2023 y 2024, según la metodología de Medicina Legal (este gobierno cambió el sistema de medición en el Ministerio de Defensa para tratar de esconder el incremento). Los alrededor de 25 homicidios por cien mil habitantes en 2024 siguen mostrando una tasa muy alta frente a Europa, por ejemplo, pero ahora mucho más cercana al promedio latinoamericano de 20,2.
Por otro lado, no es cierto que los colombianos, en general, seamos violentos. La violencia se concentra en unas zonas específicas del país, marcadas por la presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal y, con ellos, grupos criminales. En 400 municipios de Colombia, el 36%, no hubo un solo homicidio el año pasado. Los violentos son unos pocos —muy pocos— en comparación con la inmensa mayoría de colombianos que somos pacíficos, honestos y trabajadores.
Más aún: el último magnicidio, el de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrió en 1995, hace treinta años. Esa es parte de la tragedia: el asesinato de Miguel representa un salto atrás de tres décadas.
Al mismo tiempo que lo enterrábamos, muchos clamaban por unidad nacional, por moderar el lenguaje y dejar el odio. Pero también aquí la generalización es equivocada y peligrosa. Primero, porque quienes siembran odio son unos pocos, como lo son aún menos los violentos y los corruptos. La mayoría de los colombianos no odia, no transmite odio ni lo propaga. Segundo, porque generalizar distrae: al repartir culpas entre todos que solo corresponden a algunos, se permite que los verdaderos responsables evadan su obligación y se impide reclamarles que cesen sus ataques y prédica odiosa. Y tercero, porque es muy distinto el impacto y la responsabilidad de un ciudadano común y la de un funcionario público, en su grado máximo el Presidente de la República.
Ahí está el punto central: no somos todos los colombianos, no es la oposición, no fue Miguel Uribe. Es Petro quien, además de tener constitucionalmente el deber de simbolizar la unidad nacional, ha incitado al odio, promovido la violencia, enarbolado la bandera de “guerra a muerte” y se convierte en responsable político del asesinato de Miguel. Hizo al menos 43 referencias agresivas, mentirosas y difamatorias en X contra Miguel, poniéndole una diana en el pecho. Su gobierno desestimó las 23 solicitudes de refuerzo al esquema de protección, incluso redujo su seguridad el día del atentado. Y fue él quien nombró como negociador de paz al Zarco Aldiniver, jefe reincidente de las Farc, a quien ahora se atribuye la autoría intelectual del homicidio. El Zarco habría ordenado y planeado el asesinato mientras gozaba de inmunidad por su condición de negociador. Apenas el 9 de julio, un mes después del atentado, firmó Petro la resolución que le retiró ese carácter.
En otro país, el solo hecho de impedir la captura de un criminal que después asesina a uno de los principales opositores políticos le habría costado el cargo a los responsables y la renuncia al Presidente. Aquí no pasa nada. Para rematar, la posibilidad de que este sea un crimen de Estado sigue rondando el caso, mientras Petro se niega a explicar con quién y con qué propósito se reunió en Manta, cuna de Fito y los Choneros, la banda más antigua y poderosa del Ecuador, también vinculada al asesinato.
Sí, necesitamos unidad. Pero no con Petro ni con su izquierda extrema. Esa unidad solo le sirve a él para aplacar las críticas y esconder la pésima gestión de su gobierno corrupto, incompetente y mediocre. La unidad debemos construirla los demócratas: para exigir justicia, defender las libertades, ganar las elecciones del 26, devolverle la esperanza a los colombianos e iniciar la reconstrucción del país.
