Lo que debía ser el viaje soñado de una familia pereirana terminó convertido en una pesadilla que destapa, una vez más, la falta de control en las playas de Cartagena. Marcela López Albarracín y Sebastián Valencia Rivera, comerciantes de Pereira, ahorraron más de un año para viajar con su hijo y la novia de este a la Heroica. Llegaron el sábado 6 de septiembre con la ilusión de conocer el mar y contrataron un paquete turístico hacia las playas de Barú. Sin embargo, apenas ingresaron al agua, una lancha de servicio turístico –sin papeles en regla y piloteada por un extranjero indocumentado– invadió la zona exclusiva de bañistas, pasó sobre las boyas de seguridad y embistió a Sebastián.
El impacto fue brutal: tres costillas fracturadas, un pulmón perforado, además de graves daños en riñón y vejiga. En Playa Blanca no había un médico, ni un puesto de salud, ni siquiera una ambulancia. Fue su esposa, con ayuda de otros turistas, quien logró sacarlo en un microbús hasta Santa Ana y de allí a Cartagena. La Clínica Blas de Lezo lo rechazó y solo en el Hospital Universitario recibió atención. Hoy, su estado sigue siendo crítico.
Este hecho se suma a otros episodios recientes que cuestionan la seguridad turística en la ciudad. El 19 de agosto, una pareja de turistas mexicanos fue víctima de un secuestro exprés en medio del mar en Tierrabomba, a bordo de otra lancha sin documentación en regla. El patrón se repite: embarcaciones ilegales, ausencia de controles y autoridades brillando por su ausencia.
“Pido ayuda para trasladar a mi esposo a Pereira y que reciba una atención digna. No es justo que uno llegue a Cartagena con la ilusión de unas vacaciones y se vaya con una tragedia, por falta de autoridad”, denunció Marcela López.
Las denuncias son contundentes:
- La DIMAR no controla las embarcaciones ilegales que operan en Barú y Tierrabomba.
- Las autoridades distritales no garantizan seguridad ni puestos de salud en zonas turísticas de alta concurrencia.
- Las agencias de turismo, como Evelyn Tours, se desentienden de la suerte de los viajeros, alegando que “no son socorristas” y negando cualquier responsabilidad.
La reiteración de estos casos deja en evidencia un vacío institucional que pone en riesgo la vida de miles de turistas cada año. La pregunta sigue abierta: ¿Qué más debe pasar para que Cartagena garantice seguridad, salud y control real en sus playas?
