La mañana del 6 de octubre de 2025 marcó un giro en un caso que desde hace más de un año ha puesto en entredicho el cumplimiento de las decisiones judiciales en Cartagena de Indias. Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista de la Alcaldía de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar, se presentó voluntariamente en la estación de Policía del barrio Nuevo Bosque para cumplir con una orden de arresto de tres días por desacato a un fallo judicial, emitida por el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.
La entrega, registrada a las 8:00 de la mañana bajo supervisión de la SIJIN, puso fin —al menos temporalmente— a una prolongada omisión institucional que mantuvo sin ejecutarse una orden judicial emitida desde agosto de 2024. Durante más de un año, Pachón continuó asistiendo a actos públicos y ejerciendo funciones como contratista, pese a que tanto ella como la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cartagena habían sido formalmente notificadas de la orden de arresto.
El caso, que parecía un desacato aislado, ahora escala a un nivel mayor: una petición formal enviada a la Procuraduría, la Personería, la Policía Nacional y órganos de control exige que se abran investigaciones penales y disciplinarias contra altos funcionarios por el presunto incumplimiento reiterado de una orden judicial.
Los señalados en el documento presentado por el ingeniero Álvaro González Álvarez son:
• Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.
• Bruno Hernández Ramos, secretario del Interior de Cartagena.
• Juliana Sinning Ciodaro, directora de Función Pública del departamento de Bolívar.
• Y la propia Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista.
De acuerdo con la petición del denunciante, las autoridades habrían omitido actuar pese a tener conocimiento de la orden de arresto, lo que habría permitido que Pachón Rodríguez siguiera activa en la administración pública. El documento cita como evidencia notificaciones judiciales y resoluciones administrativas.
El arresto se suma a la orden de cobro coactivo por $13 millones más intereses en contra de Pachón Rodríguez, que fue expedida en marzo de 2025 por la Dirección Ejecutiva Seccional Cartagena del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Resolución DESAJCAGCC25-244.
El arresto y el cobro coactivo no eximen a Pachón Rodríguez de acatar el fallo, el cual es de obligatorio cumplimiento. De hecho, en noviembre de 2024, el ingeniero González presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Pachón por la conducta punible de fraude a resolución judicial, cuyo proceso está avanzado. Asimismo, desde diciembre de 2024, hay otra denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde Dumek Turbay y el comandante de la Policía Metropolitana Peña Araque por presunto prevaricato por omisión. En la denuncia se presentan registros de interacciones públicas entre la contratista y funcionarios.
- Cronología del arresto
• 27 de agosto de 2024: El Juzgado 16 emite el fallo que ordena que ordena arresto y multa contra Pachón Rodríguez.
• 26 de marzo de 2025: Se ordena el cobro coactivo por $13 millones más intereses.
• 18 de septiembre de 2025: La Policía Metropolitana de Cartagena y Pachón Rodríguez son notificadas de la orden de arresto por tercera vez.
• 6 de octubre de 2025: Pachón Rodríguez Se presenta voluntariamente y es arrestada.
La petición invoca artículos clave del Código Penal (CPC) y Código Disciplinario de Colombia, que califican la omisión de órdenes judiciales como delitos graves:
• Artículo 454 del CPC: Fraude a resolución judicial y abuso de autoridad.
• Artículo 413 del CPC: Prevaricato por omisión.
• Artículo 34 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019): Deber de los servidores públicos de cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales.
Si se comprueba que la inacción institucional permitió a Pachón Rodríguez seguir asistiendo a actividades organizadas por entidades públicas de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar pese a la orden en firme, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen destitución, inhabilidad y procesos penales.
Más allá del caso individual, la denuncia plantea un problema estructural: posibles fallas en la coordinación entre la justicia, la Policía y las entidades administrativas, que habrían facilitado un escenario de impunidad institucional.
“La permanencia activa de una contratista con orden judicial vulnera el principio de igualdad ante la ley y envía un mensaje devastador sobre el poder de las decisiones judiciales”, señala el documento remitido a las autoridades.
La controversia también pone bajo presión a la Policía Metropolitana de Cartagena, a la Secretaría del Interior de Cartagena y a la Dirección de Función Pública de la Gobernación de Bolívar, cuestionando los mecanismos de control interno y la transparencia en la contratación pública.
La petición solicita tres acciones inmediatas:
- Apertura de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios implicados.
- Inicio de procesos penales por fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión y favorecimiento.
- Requerimiento formal al secretario del Interior de Cartagena para garantizar la puesta a disposición de la contratista, con advertencia de responsabilidades si vuelve a incumplirse.
La presión pública ahora recae sobre las entidades competentes, que deberán actuar con rapidez para demostrar que el Estado colombiano es capaz de hacer cumplir sus decisiones incluso cuando involucran a sus propios funcionarios.
