La Policía Nacional confirmó que hacia el mediodía de este domingo 9 de noviembre de 2025, dos uniformados fueron asesinados en el corregimiento de Altamira, municipio de Betulia, Antioquia. Según el reporte preliminar, los policías se movilizaban en una patrulla cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego en múltiples ocasiones, sin darles oportunidad de reaccionar.
Las víctimas fueron identificadas como los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, quienes cumplían labores de patrullaje en la zona.
La Policía Nacional informó que activó de inmediato todas las capacidades institucionales, en coordinación con autoridades civiles y militares, para dar con los responsables de este ataque criminal. Por su parte, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del hecho.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, repudió enérgicamente el doble homicidio y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. “Rechazo y denuncio el cobarde y vil asesinato de nuestros subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, atacados mientras cumplían con su deber en Betulia, Antioquia. En esa zona delinque el Clan del Golfo”, declaró Sánchez.
El alto funcionario aseguró que la Fuerza Pública adelanta operaciones especiales para ubicar y capturar a los responsables, presuntamente integrantes del Clan del Golfo, que mantiene presencia activa en esta región del suroeste antioqueño.
La crisis de seguridad y los recientes ataques contra la Fuerza Pública vuelven a poner en debate la efectividad de las políticas de “paz total” y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones dominadas por estructuras criminales.
El asesinato de los dos subintendentes en Betulia se suma a la preocupante escalada de ataques contra la Policía Nacional en varias zonas del país. Mientras el Gobierno promete capturas y recompensas, las comunidades rurales exigen resultados concretos frente a la presencia persistente del Clan del Golfo y otros grupos armados en Antioquia.
