Ya son al menos ocho los funcionarios y exfuncionarios privados de la libertad por el escándalo que sacude al Gobierno: Olmedo López, Sneyder Pinilla, César Manrique, María Alejandra Benavides, Pedro Rodríguez, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Una lista que crece, un libreto que se repite y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿y los que faltan, cuándo?
Colombia asiste a uno de los episodios más delicados y reveladores de la relación entre poder político y justicia en los últimos años. La reciente decisión judicial que envía a la cárcel —bajo medida de aseguramiento— a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no es un hecho menor ni aislado. Se trata de un capítulo que desnuda, con crudeza, la existencia de un entramado de presunta corrupción enquistado en las entrañas mismas del Gobierno nacional, un entramado que la Fiscalía ha calificado, sin ambages, como una verdadera empresa criminal.
Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, ocuparon cargos estratégicos y neurálgicos para el funcionamiento del Estado. Desde allí no solo se administran recursos millonarios, sino que se articula la gobernabilidad, se negocian mayorías políticas y se definen prioridades nacionales. Precisamente por ello, las imputaciones que hoy pesan sobre ambos no pueden ser vistas como simples errores administrativos ni como deslices burocráticos. La Fiscalía sostiene que existió una concertación deliberada para delinquir, una alianza criminal orientada a direccionar contratos públicos, ofrecer prebendas y garantizar apoyos políticos mediante el uso indebido de recursos del Estado.
De acuerdo con el ente acusador, el esquema habría operado principalmente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de entidades adscritas al sector transporte, con contratos que alcanzarían cifras escandalosas. No se trataba, según la investigación, de atender emergencias o ejecutar obras prioritarias, sino de utilizar el presupuesto público como moneda de cambio para comprar lealtades políticas en el Congreso. La corrupción, en este caso, no sería un efecto colateral del poder, sino un mecanismo central para sostenerlo.
La solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría no fue un acto improvisado. Se fundamentó en la gravedad de los delitos imputados, en el riesgo de obstrucción a la justicia y en la posibilidad de que los exministros, dada su influencia y redes de poder, pudieran interferir en la recolección de pruebas o en el testimonio de otros involucrados. El juez competente, tras evaluar los argumentos, consideró que existían elementos suficientes para privarlos de la libertad mientras avanza el proceso.
La defensa, como era previsible, ha insistido en la inocencia de Bonilla y Velasco, alegando que actuaron dentro del marco de sus funciones y que no existe prueba directa de que hayan recibido beneficios personales. Sin embargo, el proceso penal no se limita al enriquecimiento individual. La ley es clara: el solo hecho de concertarse para manipular la contratación pública o para ofrecer favores indebidos constituye delito. Y es precisamente esa concertación, ese acuerdo criminal, lo que la Fiscalía afirma haber probado con testimonios, documentos y trazabilidad de decisiones administrativas.
Más allá del destino judicial de estos dos exministros, el caso plantea interrogantes mucho más profundos y perturbadores. ¿Puede creerse seriamente que un esquema de esta magnitud operó sin conocimiento ni anuencia de niveles superiores del poder? ¿Es plausible que dos ministros actuaran por cuenta propia, sin responder a una lógica política más amplia, sin recibir presiones o directrices? La historia reciente del país invita al escepticismo frente a la narrativa del “yo no sabía” o del “todo ocurrió a mis espaldas”.
La ciudadanía observa con una mezcla de indignación y desconfianza. Indignación porque, una vez más, los recursos que debían servir para atender necesidades urgentes de la población habrían sido utilizados para fines políticos y personales. Desconfianza porque la experiencia enseña que, con frecuencia, los procesos judiciales se quedan en los eslabones intermedios de la cadena, mientras quienes realmente dan las órdenes logran mantenerse a salvo, escudados en el poder, el discurso o la victimización.
Este caso también interpela al propio Gobierno, que llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y de marcar una ruptura ética con el pasado. La captura y judicialización de exministros no puede despacharse como una traición individual ni como un problema heredado. Si la corrupción se gestó y operó dentro del actual Gobierno, corresponde asumir responsabilidades políticas, más allá de las penales.
La justicia tiene ahora una oportunidad histórica. No basta con enviar a la cárcel a Bonilla y Velasco si el proceso no avanza hasta identificar a todos los responsables, incluyendo a quienes, desde posiciones superiores, pudieron haber ordenado, tolerado o encubierto estas conductas. De lo contrario, el mensaje será devastador: en Colombia pagan los ejecutores, pero los verdaderos cerebros permanecen intocables.
La pregunta final queda flotando en el ambiente político y judicial del país: ¿Cuándo caerá el que dio las órdenes? ¿O, una vez más, todo quedará reducido a la cómoda excusa de que “todo fue a mis espaldas”? La respuesta a ese interrogante definirá no solo el alcance de este proceso, sino la credibilidad misma del Estado y de su compromiso real con la lucha contra la corrupción.
