En Colombia estamos normalizando lo inaceptable. Y cuando lo inaceptable se vuelve rutina, las instituciones comienzan a perder su esencia, su mística y su autoridad moral. La reciente destinación de los exministros Bonilla y Velasco a centros como el CESPO en Bogotá y la ESCAR en Cali no es un simple trámite administrativo ni una decisión menor: es una afrenta directa contra las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y, por extensión, contra la noción misma de justicia.
Las guarniciones militares y policiales no son cárceles. No nacieron para ello ni deben ser utilizadas como tales. Son espacios de formación, disciplina, residencia, entrenamiento, doctrina y honor. Allí se forjan soldados y policías al servicio de la Nación, no se hospedan delincuentes de cuello blanco que traicionaron la confianza pública desde cómodos escritorios y con corbata bien planchada.
Pretender equiparar a un corrupto con un miembro activo o retirado de la Fuerza Pública es una desnaturalización peligrosa. Es confundir el honor con el delito, la vocación con la traición, el sacrificio con la rapiña institucionalizada. El mensaje es devastador: quien saquea al Estado puede terminar pagando su condena en lugares diseñados para proteger, formar y dignificar a quienes juraron defender la patria, incluso con la vida.
No se trata de una discusión jurídica menor. Es una discusión ética, institucional y simbólica. ¿Qué siente un suboficial, un patrullero, un cadete o un soldado cuando ve que los mismos espacios donde él se forma o reside son usados para recluir a políticos corruptos? ¿Qué lectura hace la tropa cuando el delito de cuello blanco recibe un trato preferencial mientras el delincuente común hacina su condena en cárceles colapsadas?
Aquí hay una desigualdad que clama por coherencia. En Colombia, el ladrón de una bicicleta enfrenta la cárcel real, el hacinamiento, la violencia y el olvido. El corrupto de millones (el que robó presupuestos, programas sociales y recursos públicos) es enviado a una suerte de reclusión VIP, disfrazada de medida excepcional. Eso no es justicia: es clasismo penal.
Las guarniciones militares y policiales no pueden convertirse en resorts penitenciarios para la élite política caída en desgracia. No son hoteles judiciales ni anexos del INPEC con aire acondicionado institucional. Son espacios sagrados para la disciplina y la jerarquía. Utilizarlos como centros de reclusión para civiles corruptos erosiona la moral de la Fuerza Pública y envía una señal equivocada a la sociedad.
Más grave aún: se banaliza el concepto de castigo. El corrupto no solo roba dinero; roba oportunidades, mata proyectos sociales, condena regiones enteras al atraso y, en muchos casos, alimenta la violencia estructural. Su daño es profundo y colectivo. Por eso, su sanción debe ser proporcional, ejemplar y visible. No cómoda, discreta y protegida.
Colombia necesita, con urgencia, una reforma estructural del sistema penitenciario, especialmente en lo relacionado con los delincuentes de cuello blanco. No para humanizar el delito (como algunos pretenden) sino para eliminar los privilegios. Cárceles reales, con controles estrictos, sin prebendas, sin tratos especiales, sin “medidas diferenciadas” que solo existen para quienes tienen apellido, padrinos políticos o pasado ministerial.
No es venganza. Es justicia. Y la justicia, para ser creíble, debe ser igual para todos. Mientras sigamos premiando al corrupto con reclusiones cómodas y castigando al soldado y al policía con la humillación institucional de compartir espacio simbólico con delincuentes civiles, estaremos enviando el peor de los mensajes: que en Colombia delinquir desde el poder sí paga.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ya cargan con suficientes estigmas, ataques políticos y desconfianza inducida. No merecen ahora cargar también con el peso de servir como telón de fondo para la decadencia moral de una clase dirigente corrupta. Respetar a las instituciones castrenses implica no utilizarlas para maquillar la impunidad.
Es momento de poner límites claros. Las guarniciones no son cárceles. Los corruptos no son héroes caídos. Y la justicia no puede seguir arrodillada ante los apellidos ni los cargos que ya no existen. Reformar el sistema penitenciario no es opcional: es una deuda con la ética pública, con la Fuerza Pública y con un país cansado de ver cómo los poderosos siempre caen de pie… y en colchón blando. Porque cuando la corrupción duerme en instalaciones de honor, el Estado entero pierde la vergüenza.
