Colombia es un país marcado por profundas contradicciones. Mientras posee una riqueza natural y cultural excepcional, más de 14 millones de personas viven en condición de pobreza, con una afectación histórica particularmente severa en la región Pacífica, desde Tumaco hasta el Chocó, donde la pobreza extrema se ha enquistado durante décadas.
A lo largo de los años, muy pocos presidentes han estructurado proyectos de Estado serios y sostenidos para erradicar la desigualdad. Con el presidente Gustavo Petro, hoy en la recta final de su mandato, se conoció que más de dos millones de colombianos lograron salir de la pobreza extrema, un hecho que no puede ser ignorado en el análisis político y social del país.
Resulta sorprendente —y preocupante— que Colombia aún no cuente con una política de Estado sólida y transversal que enfrente de manera estructural la desigualdad social. En un país tan bello y generoso, esta ausencia evidencia una deuda histórica con millones de ciudadanos excluidos del desarrollo.
Hoy, cuando el país se encuentra ad portas de una nueva elección presidencial, muchos aspirantes al poder carecen de propuestas claras y coherentes que respondan a las verdaderas necesidades de una sociedad que despertó, que entendió que no puede retroceder y que exige avanzar.
El progreso no se alcanza solo desde la Presidencia. Las reformas estructurales que Colombia necesita dependen, en gran medida, de un Congreso responsable, ético y menos clientelista. Sin un poder legislativo comprometido con el interés general, cualquier intento de transformación está condenado al bloqueo o la dilación.
Una de las demandas ciudadanas más reiteradas ha sido la reducción del salario de los congresistas. Durante años, los colombianos han cuestionado que muchos legisladores devenguen salarios superiores a los 50 millones de pesos, además de múltiples prebendas, mientras su desempeño es limitado y su presencia en el Congreso es, en no pocos casos, meramente simbólica.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿Cuál ha sido el verdadero aporte del Congreso actual al bienestar del país?
Para muchos ciudadanos, la respuesta es frustrante. En Bogotá, algunos congresistas parecen transitar de butaca en butaca; en las regiones, reaparecen solo para hacer politiquería, reproducir viejas prácticas y asegurar votos, no para rendir cuentas ni legislar con visión de país.
Fortalecer la democracia exige cultura ciudadana, memoria política y un compromiso real con el valor del voto. Venderlo es renunciar al futuro, legitimar la corrupción y perpetuar las desigualdades que tanto se critican.
Elegir bien es la única forma de demostrar que Colombia es de todos y no solo de unas élites, y que el poder no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos.
Si los colombianos no aprendemos a elegir con criterio a nuestros gobernantes —alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y presidentes—, la democracia seguirá siendo frágil y el bienestar colectivo una promesa lejana.
El llamado es claro y urgente: no vendan el voto. En él reside la posibilidad real de construir el país que merecemos y de avanzar hacia una nación más justa, equitativa y verdaderamente democrática.
