La frase del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, “es mejor deber plata que deber obras para la gente”, no es una provocación ligera ni un recurso retórico de coyuntura. Es una declaración política de fondo que interpela una de las discusiones más sensibles de la gestión pública en Colombia: la relación entre endeudamiento, desarrollo y responsabilidad fiscal.
Durante años, el debate ha estado secuestrado por una falsa dicotomía. Se ha presentado la austeridad como sinónimo de buena administración y el endeudamiento como una señal automática de irresponsabilidad. Bajo ese marco, numerosos gobiernos locales se escudaron en la idea de “finanzas sanas” mientras administraban ciudades con colegios deteriorados, hospitales inconclusos, infraestructura colapsada y economías locales estancadas. El resultado fue una deuda silenciosa, no registrada en los balances, pero pagada por los ciudadanos en pobreza, desigualdad y pérdida de competitividad.
Desde una perspectiva de política pública, el planteamiento del alcalde es conceptualmente válido: la no inversión también genera deuda. En economía pública, el costo de oportunidad del no gasto es real y medible. No invertir cuando existe capacidad fiscal y urgencia social no es neutral; es una decisión que posterga soluciones y agrava problemas estructurales.
Cartagena es un ejemplo elocuente. Décadas de subinversión dejaron una ciudad rezagada frente a su potencial económico y turístico. En ese contexto, gobernar con temor al crédito habría significado administrar el deterioro, no transformarlo. Apostar por la inversión —bien planificada, transparente y con impacto— no solo era una opción: era una necesidad.
Sin embargo, el argumento de Turbay no está exento de riesgos. Convertir esta idea en dogma sería tan peligroso como el inmovilismo que critica. La historia reciente del país demuestra que el crédito mal ejecutado no construye desarrollo, sino elefantes blancos; que la deuda sin planeación compromete el futuro fiscal de los territorios; y que la narrativa del progreso ha sido usada, en no pocas ocasiones, para justificar sobrecostos, corrupción y obras inútiles.
Por eso, el debate no debe centrarse en si endeudarse es bueno o malo en abstracto. La pregunta correcta es para qué, cómo y hasta dónde. El endeudamiento es una herramienta, no una virtud moral. Funciona solo si está atado a proyectos con retorno social claro, ejecutados con rigor técnico, control fiscal efectivo y plena rendición de cuentas.
En el caso de Cartagena, el modelo anunciado —recaudo fortalecido, crédito con destino específico, inversión en infraestructura estructural y no en gasto corriente— marca una diferencia frente a experiencias fallidas del pasado. Pero esa diferencia deberá sostenerse en el tiempo, más allá del discurso y de las cifras agregadas.
La frase de Dumek Turbay incomoda porque obliga a replantear un consenso cómodo: el de gobernar sin arriesgar, aun cuando ese “no riesgo” perpetúe el atraso. Las regiones que no se atreven a invertir terminan administrando su propia decadencia. No obstante, las que invierten sin control terminan hipotecando su futuro.
El veredicto final no lo dará la retórica ni la ambición declarada, sino la calidad, durabilidad y utilidad de las obras. Porque, al final, la deuda financiera puede pagarse; la deuda social y urbana, a veces, no. Y en ese delicado equilibrio se juega no solo la gestión de un alcalde, sino la credibilidad de una idea que merece ser debatida con seriedad y sin dogmas.
