Un nuevo y explosivo caso de presunto tráfico ilegal de drogas golpea a la comunidad migrante tras la captura de la cartagenera Mariela del Carmen García, el pasado 15 de enero de 2026, a las 7:30 p. m., en el terminal D del Aeropuerto Internacional de Miami, considerado uno de los filtros fronterizos más rigurosos del planeta.
Según el reporte oficial, García aterrizó procedente de Cartagena de Indias en el vuelo 2168 de American Airlines. Cuando se disponía a abandonar el aeropuerto, un oficial la detuvo para una inspección de rutina. La pregunta fue directa: ¿las tres maletas eran suyas? La respuesta también: sí. Con esa afirmación, asumió formalmente la propiedad total del equipaje que minutos después desataría el escándalo.
Durante la revisión, agentes encontraron múltiples cajas rotuladas como alprazolam (Xanax) ocultas en distintos compartimentos. En un primer momento, la mujer aseguró que las pastillas pertenecían a su hija y que contaban con prescripción médica. Sin embargo, más adelante modificó su versión y sostuvo que eran para ella y su hija.
El conteo fue contundente: 1.070 tabletas, con un peso aproximado de 210 gramos incluyendo empaques, distribuidas en unas 36 cajas (cerca de 30 pastillas por unidad). Las autoridades le notificaron que el alprazolam es una sustancia controlada en Estados Unidos y que su ingreso sin autorización constituye un delito federal.
García manifestó que había viajado a Colombia por un procedimiento dental y para visitar a su familia, indicando que permaneció una semana en casa de su madre. También declaró que su novio, residente en Nueva York, fue quien pagó el tiquete aéreo porque ella no contaba con recursos económicos.
Tras la incautación, fue escoltada por la Policía y trasladada a la oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade para su acusación formal. La jueza Cristina Miranda le impuso una fianza de 50.000 dólares (aproximadamente 183 millones de pesos colombianos). Su defensa quedó en manos del abogado David Fernández.
Especialistas advierten que, en el actual clima migratorio en Estados Unidos, una imputación por tráfico de sustancias controladas puede tener consecuencias devastadoras: pérdida de beneficios migratorios, procesos de deportación e incluso revisión de estatus o ciudadanía si se configuran agravantes legales.
