La mañana del 11 de abril de 2002 comenzó como cualquier otra en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en Cali. Funcionarios y diputados se preparaban para una jornada ordinaria cuando un grupo de hombres armados ingresó al edificio. Vestían uniformes militares y se identificaron como miembros del Ejército Nacional. Su argumento fue directo: había una amenaza de bomba y era necesario evacuar de inmediato.
Los diputados obedecieron y en cuestión de minutos, doce de ellos fueron conducidos fuera del recinto bajo la aparente protección de quienes decían ser soldados. Solo cuando abandonaron el edificio y fueron subidos a un camión, la realidad empezó a hacerse evidente: no se trataba de un operativo oficial, sino de un secuestro cuidadosamente planeado.
Detrás de la operación estaba la guerrilla de las FARC, específicamente la columna móvil Manuel Cepeda Vargas, una de las estructuras con mayor presencia en el suroccidente colombiano en ese momento. La acción no fue improvisada. Las investigaciones posteriores evidenciaron que se trató de una infiltración calculada, ejecutada con conocimiento previo de la rutina institucional y aprovechando la confianza que generaba el uso de uniformes oficiales.
El país conoció la noticia pocas horas después. Doce diputados del Valle del Cauca estaban en manos de la guerrilla. Lo que siguió fue un cautiverio prolongado en la selva, lejos de cualquier control institucional y bajo condiciones extremas. Durante más de cinco años, los diputados permanecieron retenidos como parte de la estrategia de presión política de las FARC, en un contexto en el que el secuestro era utilizado como herramienta de negociación y visibilidad internacional.
Mientras tanto, en las ciudades, las familias iniciaron una espera que se prolongaría durante años. Marchas, comunicados, llamados humanitarios y gestiones diplomáticas marcaron ese tiempo. Cada prueba de supervivencia que llegaba desde la selva era recibida como un respiro momentáneo en medio de la incertidumbre.
El 28 de junio de 2007, la historia dio un giro definitivo. Ese día, las FARC informaron que once de los doce diputados habían muerto. Según su primera versión, el hecho se produjo en medio de un supuesto fuego cruzado durante una operación militar. La explicación fue difundida rápidamente y generó confusión en las primeras horas.
Sin embargo, las dudas surgieron casi de inmediato. No había registros claros de combates en la zona y las circunstancias reportadas no coincidían con información militar disponible. Con el paso del tiempo, nuevas investigaciones, testimonios y análisis forenses desmontaron la versión inicial. No hubo combate. Once diputados fueron asesinados durante su cautiverio.
La única persona que sobrevivió fue el diputado Sigifredo López, quien no se encontraba con el grupo en el momento de los hechos. Su posterior liberación permitió reconstruir parte de lo ocurrido y aportar detalles sobre las condiciones del secuestro, la vida en cautiverio y las tensiones internas dentro de la estructura guerrillera.
El nombre de la columna responsable del secuestro también contenía una carga histórica particular. Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica, había sido asesinado en 1994 en Bogotá, en un crimen que marcó uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política contra ese movimiento. Años después, su nombre fue utilizado por una estructura armada que ejecutó una de las acciones más impactantes contra la institucionalidad regional.
Durante los años posteriores al secuestro y asesinato de los diputados, las investigaciones judiciales permitieron establecer responsabilidades dentro de la cadena de mando guerrillera. La reconstrucción de los hechos mostró que el secuestro no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática que incluyó secuestros, atentados y acciones armadas en el suroccidente del país.
El caso se convirtió en un símbolo del deterioro del conflicto armado colombiano y del uso del secuestro como herramienta política y militar. También evidenció las limitaciones del Estado para prevenir este tipo de operaciones y para garantizar la protección de funcionarios públicos en zonas de alto riesgo.
Más de dos décadas después del secuestro y casi dos décadas desde la muerte de los diputados, el caso sigue siendo un referente obligado en la memoria reciente del país. No solo por la magnitud del hecho, sino por lo que representó: la vulnerabilidad de las instituciones frente a la violencia armada y el costo humano de un conflicto prolongado.
Los nombres de los once diputados asesinados permanecen asociados a uno de los episodios más dolorosos del suroccidente colombiano. Su historia no terminó en la selva. Continúa en expedientes judiciales, en actos conmemorativos y en la memoria de sus familias, que durante años insistieron en esclarecer lo ocurrido. Porque, en casos como este, la memoria no es solo un acto simbólico. Es también una forma de reconstrucción histórica.
