El proceso judicial contra Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista de la alcaldía de Cartagena de Indias, entra en una fase decisiva con la audiencia de imputación de cargos programada para el próximo 7 de mayo de 2026, en medio de un segundo incidente de desacato vigente y nuevas solicitudes de investigación que involucran a autoridades administrativas y policiales de la ciudad.
La nueva audiencia cobra especial relevancia luego de que la primera citación, prevista para el 4 de marzo de 2026, no pudiera realizarse debido a la inasistencia de la procesada.
Con la fecha reprogramada, el proceso avanza hacia un punto clave dentro de la investigación por el presunto delito de fraude a resolución judicial, que contempla penas de prisión de uno a cuatro años según el Código Penal colombiano.
Uno de los hechos más recientes que ha elevado la tensión jurídica del proceso se registró este martes 28 de abril de 2026, cuando el accionante, Álvaro González Álvarez, radicó una solicitud formal para que se adelanten investigaciones disciplinarias y penales contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el secretario del Interior, Bruno Hernández Ramos; y el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el segundo incidente de desacato.
La solicitud busca establecer si existieron responsabilidades en la ejecución de las medidas judiciales ordenadas por el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.
Este movimiento jurídico amplía el alcance del caso y agrega un nuevo componente institucional que podría derivar en investigaciones adicionales. El proceso se encuentra actualmente marcado por un segundo incidente de desacato, declarado en diciembre de 2025 y confirmado en febrero de 2026.
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La sanción vigente contempla 10 días de arresto y multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este desacato se originó tras el incumplimiento reiterado de la orden judicial que exigía una retractación pública por afirmaciones difundidas previamente en redes sociales.
De acuerdo con actuaciones judiciales previas, el despacho ordenó que la retractación debía publicarse en el diario nacional El Tiempo, luego de que intentos realizados a través de redes sociales no fueran considerados válidos por la autoridad judicial.
- Una cronología marcada por fallos y sanciones
El origen del caso se remonta a noviembre de 2023, cuando el ingeniero Álvaro González Álvarez interpuso una acción de tutela alegando afectación a sus derechos a la honra y al buen nombre, tras publicaciones realizadas en redes sociales.
En enero de 2024, el Juzgado 16 Penal Municipal emitió fallo favorable en primera instancia, decisión que fue confirmada en febrero de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, ordenando la retractación pública.
Posteriormente, el incumplimiento de la orden derivó en el primer incidente de desacato en mayo de 2024, que incluyó tres días de arresto y una multa económica.
Según registros del proceso, entre el 6 y el 9 de octubre de 2025, Pachón Rodríguez cumplió una sanción de arresto en la Estación de Policía del barrio Nuevo Bosque. Sin embargo, la controversia persistió tras nuevas actuaciones judiciales relacionadas con el cumplimiento de la orden inicial.
- Proceso penal en curso y nuevas denuncias
De manera paralela, la investigación por el presunto delito de fraude a resolución judicial continúa bajo conocimiento de la Fiscalía 59 Seccional Cartagena, dirigida por el fiscal Juan Carlos Useche Vivero.
Según información suministrada por González Álvarez existen además seis denuncias adicionales radicadas ante la Fiscalía, relacionadas con presuntas conductas punibles como: injuria, calumnia, fraude procesal, violación de datos personales y falsedad material en documento público. Las denuncias se encuentran en distintas etapas procesales y sujetas a verificación judicial.
- El 7 de mayo: una fecha clave para el rumbo del caso
Con la audiencia de imputación fijada para el 7 de mayo de 2026, el proceso entra en una fase determinante que podría definir nuevas actuaciones judiciales. El desarrollo de esta diligencia será fundamental para establecer la continuidad del proceso penal y las posibles responsabilidades jurídicas dentro del caso.
Mientras tanto, el expediente permanece activo y con actuaciones pendientes, en un contexto donde el cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como el eje central del conflicto jurídico.
