La expedición de la Resolución 00119 de 2026 por parte de la Fiscalía General de la Nación no es un trámite burocrático ni un simple ajuste jurídico. Es, en el fondo, la admisión tardía de una verdad brutal que el país ha intentado normalizar durante décadas: en Colombia, amenazar periodistas ha sido una herramienta sistemática para proteger intereses políticos, criminales y económicos.
Durante años, el Estado investigó amenazas contra comunicadores como si fueran hechos aislados, episodios menores o simples actos de intolerancia. Pero detrás de muchos mensajes intimidatorios, seguimientos, llamadas, panfletos y ataques existe algo mucho más profundo: el intento deliberado de imponer silencio.
Porque en este país, incomodar al poder tiene precio y quienes ejercemos el periodismo independiente lo sabemos de primera mano. Quien escribe este editorial, además de fungir como director de este medio, también ha recibido amenazas por publicar denuncias incómodas, investigar estructuras de poder y revelar información que algunos sectores preferirían mantener enterrada. Las denuncias correspondientes ya reposan ante la Fiscalía. Sin embargo, como ocurre con decenas de periodistas regionales en Colombia, el miedo muchas veces avanza más rápido que la protección institucional.
Esa es precisamente la dimensión real de esta nueva resolución: reconocer que las agresiones contra periodistas no pueden seguir analizándose fuera de contexto. No basta con preguntar quién amenazó. Hay que preguntarse a quién incomodaba el periodista, qué estaba denunciando, qué intereses tocó y quién ganaba con su silencio.
La desaparición del periodista Mateo Pérez vuelve a recordarle al país que ejercer el periodismo en muchas regiones sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y no solamente por los grupos armados ilegales. También por las mafias políticas, las economías criminales y las redes de corrupción que aprendieron que callar a un periodista puede ser más rentable que responderle públicamente.
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La resolución tiene un valor democrático importante porque obliga a los fiscales a investigar con enfoque contextual. Eso significa entender que una amenaza rara vez aparece en el vacío. Generalmente llega después de una denuncia, una publicación o una investigación sensible.
Además, la Fiscalía reconoce algo que durante años muchos sectores quisieron ignorar: el periodismo no solo existe dentro de grandes cadenas nacionales. Hoy informar también ocurre desde medios independientes, plataformas digitales, redes sociales y proyectos comunitarios que sobreviven sin protección, sin grandes recursos y, muchas veces, completamente expuestos.
Pero no hay que engañarse. El problema de Colombia nunca ha sido la falta de documentos bien redactados. El verdadero problema ha sido la impunidad. Porque mientras el Estado anuncia protocolos, los periodistas siguen enterrando colegas, cambiando rutinas, saliendo de sus territorios o aprendiendo a convivir con amenazas permanentes.
La pregunta de fondo es si esta resolución realmente cambiará algo o si terminará convertida en otro archivo institucional incapaz de frenar a quienes usan el miedo como mecanismo de control.
Proteger periodistas no significa defender privilegios gremiales. Significa proteger el derecho de la sociedad a saber qué ocurre detrás del poder. Cada periodista silenciado representa una verdad menos circulando en democracia y cuando un país permite que amenazar periodistas se vuelva costumbre, lo que empieza a desaparecer no es solamente la prensa: es la libertad misma.
