Mientras las autoridades militares y policiales continúan reportando absoluta normalidad en materia de orden público en el departamento de Sucre, un incómodo episodio político se presentó al mediodía durante el desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU). El hecho dejó al descubierto que, para algunos funcionarios del Gobierno Nacional, parece más importante defender intereses electorales que escuchar las alertas de las autoridades territoriales.
El incidente ocurrió cuando la secretaria del Interior de Sucre, Mileicy Barrios, presentó ante el PMU Nacional un informe basado en reportes ciudadanos sobre presuntos casos de compra de votos y posibles hechos de constreñimiento al elector en diferentes sectores del departamento. Lejos de tratarse de una actuación irregular, la funcionaria cumplía con una de las responsabilidades fundamentales de su cargo: informar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar la transparencia del proceso para que las autoridades competentes verificaran los hechos.
Sin embargo, la reacción de la delegada presidencial, Cielo Rusinque, sorprendió a varios de los asistentes. Tras la intervención de Barrios, Rusinque cuestionó públicamente la información presentada, argumentando que esos hechos no habían sido socializados previamente y sugiriendo una supuesta parcialidad por parte de la secretaria del Interior. Lo llamativo del episodio es que, según testigos presentes, la propia delegada presidencial no se encontraba en el recinto durante los momentos previos en los que dichas situaciones habían sido abordadas.
Guardar silencio frente a los reportes ciudadanos sí habría sido una conducta reprochable.
La escena generó momentos de alta tensión dentro del salón. Mientras Mileicy Barrios mantuvo la serenidad, la compostura y el tono institucional que exige un escenario de coordinación electoral, Rusinque recorrió el recinto realizando llamadas telefónicas y expresando a diferentes asistentes su inconformidad, insistiendo en que observaba una actitud sesgada por parte de la funcionaria departamental.
Lo ocurrido deja dos reflexiones urgentes:
- Denunciar no es tomar bando: Reportar posibles irregularidades electorales no constituye un acto de parcialidad; por el contrario, es una obligación ineludible de quienes ejercen funciones públicas durante una jornada democrática.
- El propósito del PMU es técnico, no político: Estos espacios fueron creados para coordinar acciones de seguridad entre autoridades, verificar datos en tiempo real y garantizar la transparencia, no para convertirse en cuadriláteros de confrontación política.
Por momentos, la actitud asumida por la delegada presidencial dejó la impresión de que existía una mayor preocupación por las eventuales repercusiones políticas de las denuncias que por la necesidad de que estas fueran investigadas. Esta percepción, inevitablemente, siembra interrogantes en una jornada donde la confianza ciudadana es el activo más valioso.
Mientras la discusión absorbía la atención de los asistentes, la fuerza pública seguía haciendo su trabajo. Tanto el Ejército Nacional y la Primera Brigada de Infantería de Marina, como el Departamento de Policía Sucre, reiteraron que la jornada avanzaba sin alteraciones del orden público y bajo estrictas medidas de seguridad.
- El balance final
Al final del día, los hechos denunciados deberán ser investigados por las autoridades electorales y judiciales correspondientes, que son las únicas facultadas para establecer si existieron o no conductas contrarias a la ley.
Lo que quedó claro en el PMU de Sucre fue que Mileicy Barrios cumplió con su deber de informar y mantuvo la calma en medio de la controversia. La tensión, por el contrario, provino de quien parecía más ocupada en descalificar al mensajero que en atender el contenido de las alertas. En una democracia sólida, las denuncias se investigan, no se censuran; y los funcionarios públicos están llamados a proteger la transparencia del proceso, independientemente de a quién beneficie o perjudique políticamente la verdad.
