La designación de Angélica Patricia Hernández Walker como gerente de la empresa que administrará el Gran Malecón del Mar abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia en la ciudad que gobierna Dumek Turbay. Su relación familiar con empresarios del sector turístico y los aportes económicos que varios integrantes de esa familia realizaron a la campaña del hoy alcalde plantean interrogantes legítimos sobre los controles, la independencia administrativa y las garantías de transparencia en el manejo de uno de los proyectos más importantes de la capital de Bolívar.
El nombramiento de Hernández Walker, quien se desempeñaba al frente de la Oficina de Inversión y Desarrollo Turístico de Cartagena, no es un asunto administrativo menor. La funcionaria tendrá bajo su responsabilidad una estructura empresarial pública encargada de gestionar, administrar y organizar el aprovechamiento económico del Gran Malecón del Mar, un espacio estratégico por su potencial turístico, comercial y de generación de ingresos.
Precisamente por la naturaleza de esas funciones, su llegada a la gerencia merece especial atención pública. La discusión no gira alrededor de una condena anticipada ni de atribuirle actuaciones irregulares, sino de establecer qué garantías ofrecerá la nueva administración para evitar que los intereses particulares, las relaciones empresariales o los compromisos políticos puedan interferir en las decisiones de una entidad que manejará un activo de interés colectivo.
De acuerdo con una investigación publicada por La Contratopedia Caribe, Hernández Walker está casada con el empresario Freddy Curiel Fuenmayor, cuya familia mantiene intereses económicos en actividades de hotelería, restaurantes y aprovechamiento de playas.
Entre las empresas relacionadas con ese entorno familiar figura Inversiones Bayón, dedicada a la hotelería, que en 2023 recibió de la Capitanía de Puerto de Cartagena una concesión por 20 años sobre aproximadamente 4.877 metros cuadrados de playa en Manzanillo del Mar, destinada al desarrollo de un proyecto de servicios de playa.
A este contexto empresarial se suma un elemento de interés político: los aportes económicos reportados a la campaña electoral de Dumek Turbay en 2023. Según los registros de financiación electoral citados por La Contratopedia Caribe, Freddy Curiel Fuenmayor aportó 39 millones de pesos; otros cuatro integrantes de la familia Curiel Fuenmayor contribuyeron conjuntamente con 30 millones; Angélica Hernández realizó un aporte de cinco millones, e Inversiones Bayón entregó otros 20 millones de pesos. En conjunto, estas contribuciones sumaron 94 millones de pesos a la campaña que llevó a Turbay a la Alcaldía de Cartagena.
Es importante precisar que las relaciones familiares, las actividades empresariales y las contribuciones políticas, por sí solas, no demuestran la existencia de irregularidades, acuerdos indebidos ni conflictos de interés jurídicamente configurados. Tampoco permiten concluir que haya existido contraprestación alguna por los aportes electorales.
Sin embargo, sí constituyen antecedentes relevantes que justifican un escrutinio ciudadano e institucional riguroso, especialmente cuando la persona designada tendrá capacidad de decisión sobre el aprovechamiento económico de un proyecto de gran importancia para Cartagena de Indias.
La nueva gerencia tendrá que demostrar que sus decisiones se adoptarán con criterios técnicos, reglas claras, procedimientos públicos y controles efectivos. También será fundamental que cualquier situación que pueda configurar un conflicto de interés sea identificada, declarada y tramitada conforme a la ley, con los impedimentos o las medidas que correspondan cuando haya lugar a ello.
Cartagena no necesita que el Gran Malecón del Mar se convierta en escenario de sospechas ni de disputas por intereses particulares. Necesita garantías de que sus espacios, oportunidades comerciales y potencial económico estarán al servicio del interés general.
La pregunta de fondo no es quiénes son los familiares de la nueva gerente ni quiénes financiaron una campaña política. La pregunta es mucho más importante: ¿qué mecanismos garantizarán que las decisiones sobre el negocio y la explotación económica del Gran Malecón del Mar se tomen exclusivamente en función del interés público?
La ciudadanía tiene derecho a conocer las reglas del juego, los criterios de selección de operadores, las condiciones de los eventuales negocios y los mecanismos de vigilancia sobre los recursos y activos públicos. Un proyecto de esta dimensión no puede administrarse sobre la base de la confianza personal o las explicaciones posteriores. Su legitimidad dependerá de la transparencia de cada decisión.
El Gran Malecón es de Cartagena. Su aprovechamiento económico debe beneficiar a Cartagena y no dejar espacio para que intereses particulares pongan en entredicho la confianza ciudadana.
