La apertura descontrolada de un boquete de 240 metros de largo y 40 de ancho en el Canal del Dique dejó de ser una alerta técnica para convertirse en una amenaza real contra la estabilidad ambiental, portuaria y económica de Cartagena y del Caribe colombiano. La emergencia, que ya obligó a la Alcaldía a activar el Comité Distrital de Conocimiento del Riesgo, expone una problemática advertida desde hace meses y frente a la cual el Estado ha reaccionado tarde.
El ingreso masivo de sedimentos a la Bahía de Cartagena no solo está alterando el ecosistema marino, sino que ya tiene consecuencias directas sobre la operación portuaria, con daños visibles en el muelle del Puerto de Bavaria, donde el 30% de la infraestructura se encuentra afectada. Lo que ocurre hoy en este punto estratégico es visto por las autoridades como el primer síntoma de una crisis mayor si no se toman medidas estructurales inmediatas.
Desde Pasacaballos, epicentro de la emergencia, el mensaje de la administración distrital y departamental fue contundente: Cartagena está pagando el precio de la inacción histórica frente al Canal del Dique. Mientras el caudal aumenta y el boquete sigue abierto, el megaproyecto de restauración —concebido como la solución de fondo— continúa atrapado en trámites y estudios, con obras que no iniciarían antes de 2026.
Las autoridades locales advirtieron que no se trata solo de un problema ambiental, sino de una amenaza directa al empleo, la competitividad portuaria y la seguridad económica de miles de familias. La Bahía de Cartagena, columna vertebral del comercio marítimo del país, no puede seguir esperando.
Este episodio deja al descubierto una verdad incómoda: el Canal del Dique ya no es un riesgo futuro, es una crisis en desarrollo, y cada día de retraso en su intervención profundiza los daños sobre uno de los principales activos estratégicos de Colombia.
