El presidente Abelardo de la Espriella ordenó construir un nuevo Código Nacional de Tránsito. La propuesta busca reducir el impacto económico de multas, patios y grúas, abaratar los cursos, ampliar la vigencia de las licencias y establecer plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.
Barranquilla. — El Gobierno nacional prepara una transformación de fondo del régimen de tránsito en Colombia. Durante el Consejo de Ministros realizado este sábado en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito y cuestionó duramente una legislación que, según sostuvo, dejó de responder a la realidad económica de millones de colombianos.
El mandatario aseguró que impartió instrucciones a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para comenzar “de inmediato” la construcción de un nuevo código que permita proteger la seguridad vial, pero que al mismo tiempo establezca sanciones proporcionales y reduzca los costos que actualmente enfrentan conductores y propietarios de vehículos.
La discusión planteada por el Gobierno apunta directamente al impacto económico que puede producir una infracción de tránsito cuando se acumulan multas, intereses, costos de inmovilización, patios y grúas. “No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia”, afirmó el presidente.
Según De la Espriella, una sanción inicialmente manejable puede terminar representando para un ciudadano una obligación superior a un salario mínimo cuando se suman los diferentes costos derivados de la inmovilización del vehículo.
El mandatario advirtió, además, que esta situación puede tener consecuencias particularmente graves para quienes dependen de una motocicleta, un automóvil o un vehículo de trabajo para generar sus ingresos.
- Un código con más de dos décadas
El actual Código Nacional de Tránsito fue expedido en 2002 y posteriormente ha sido objeto de cinco reformas. Para el Gobierno, el paso del tiempo y los cambios económicos, tecnológicos y sociales del país hacen necesario replantear integralmente sus disposiciones.
La apuesta no sería simplemente modificar algunas tarifas o artículos, sino avanzar hacia un nuevo modelo de regulación del tránsito, con reglas que, según el Ejecutivo, sean más acordes con las condiciones actuales de los colombianos.
Entre los aspectos que se estudian están la aplicación de multas más justas y proporcionales, la reducción de los costos relacionados con patios y grúas, cursos pedagógicos a menor precio, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas.
La intención, de acuerdo con el presidente, es encontrar un equilibrio entre la autoridad que debe ejercer el Estado y la capacidad económica de los ciudadanos.
De la Espriella insistió en que la reforma no significa flexibilizar las normas de seguridad vial ni permitir conductas irresponsables en las carreteras. Por el contrario, aseguró que el objetivo es proteger la vida y reducir los riesgos en las vías, pero evitando que el sistema sancionatorio termine convirtiéndose en una carga económica desproporcionada. “Vamos a proteger la vida y la seguridad en las vías, pero sin permitir que las sanciones, los trámites y los cobros alrededor del tránsito se conviertan en un negocio a costa del bolsillo y la tranquilidad de las familias colombianas”, sostuvo.
La declaración abre además un debate sobre el funcionamiento del sistema de patios y grúas y sobre los costos que deben asumir los propietarios cuando sus vehículos son inmovilizados.
Para millones de conductores, precisamente, el problema no termina con la imposición del comparendo. La deuda puede crecer con el paso de los días debido a los costos asociados a la inmovilización, hasta convertirse en una obligación difícil de pagar.
La propuesta tiene un amplio alcance. De concretarse, podría modificar aspectos cotidianos para motociclistas, conductores particulares, transportadores, trabajadores independientes y propietarios de vehículos de servicio público y privado.
El reto será convertir el anuncio presidencial en una reforma técnicamente sólida que logre conciliar tres intereses que históricamente han estado en tensión: seguridad vial, autoridad estatal y capacidad de pago de los ciudadanos.
