Mirando el futuro y con indignación el presente abordé la oferta del Plan Nacional de Desarrollo en estos 4 años de quebrar la tendencia y parar la deforestación de la Amazonía en 220 mil hectáreas anuales, es decir 880 mil en el cuatrienio.
Comparto con el ex ministro Manuel Rodríguez que la meta es “tímida e inaceptable”, porque la solución pasa por fortalecer la decisión y capacidad del Estado para imponerle la autoridad a la delincuencia, proteger con rigor los Parques Nacionales Naturales, recuperar lo usurpado y protegerlo, posibilitando la resiliencia del bosque agredido. Defender la soberanía, el agua, el clima, la biodiversidad y la vida es una obligación que tiene que ser más contundente.
Las quemas, las talas, la coca, el avance de la frontera agrícola está “fragmentando la conectividad del corredor biológico más importante del país entre los Andes, la Amazonía y la Orinoquía”, afirma María López Castaño, directora de Semana Sostenible.
Ella junto con Brigitte Baptiste, directora del Alexander von Humboldt, vivieron ese horror sobrevolando el Parque Natural de Chibiriquete, declarado por la Unesco patrimonio cultural y natural de la humanidad.
Desde los aires vieron que el mar verde se tornó en gris, en negro y luego en gran devastación. Brigitte con lágrimas exclamó: “el centro del mundo, el último espacio grande de selva está ardiendo masivamente ante la indiferencia de muchos o la impotencia de los demás”.
“El fin del mundo. En este momento están quemando donde sale el agua y está la biodiversidad (…) todo por tres putas vacas y la corrupción. ¡Hemos fracasado como ambientalistas! No logramos que nuestro mensaje fuera contundente”
Su decepción es de dolor no de abandono de la lucha. Expresa la impotencia que sentimos al saber que “todas las aguas de los Andes a la Amazonía pasan por Chibiriquete y crean un mundo a cada paso”, y que la mayor deforestación se da con complicidades en Caquetá, Putumayo Meta y el Guaviare.
Indigna que el gobernador Nebio Echeverry, impulse vías en la selva, cultivos de palma y el enriquecimiento ilícito, estimulando praderas para ganadería. La Procuraduría lo investiga. ¿Y la fiscalía?
No puede ser que no exista catastro actualizado para saber quiénes son los dueños y el tamaño de las fincas. Como lo pide en Semana Sostenible el investigador de Dajusticia si queremos vencer hay que “intervenir las notarías y revisar las oficinas de instrumentos públicos para determinar si se están validando negocios ilegales sobre figuras de protección agraria o ambiental”.
Extraer madera y sembrar coca atropellando la condición de Parque Natural o reserva forestal, completa el cuadro de incapacidad del Estado para meter en cintura a los actores de este ecocidio.
El reto, similar al nuestro con los manglares, exige un poder judicial comprometido que valore la dimensión del delito y, por ser agravado no excarcele para poder desarticular las estructuras criminales y apresar los financistas.
