Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal de la Policía Nacional -a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)-, en trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), permitió desmantelar una red criminal que al parecer venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en el marco de esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.
Gracias a la articulación de esfuerzos entre estas entidades, se logró́ la identificación de una organización delictiva, dedicada a la comercialización de facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.
Se determinó, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, reconocida con el alias de “La Patrona” y señalada como la presunta jefe de este “Cartel de la evasión del IVA”, al parecer creó 9 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.
La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.
Así, habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió facturas falsas por más de 40 mil millones de pesos al año.
Adicionalmente, se tiene material probatorio que compromete a por lo menos 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.
Con base en todos los elementos recaudados, un Juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 13 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).
Los capturados, puestos a disposición del ente acusador deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 años de prisión.
El material probatorio recogido durante las diligencias de registro y allanamiento será primordial para una segunda fase investigativa que tendrá como objetivo identificar y judicializar a las personas que estarían detrás de las empresas que habrían comprado las facturas falsas para evadir el pago del IVA.
