El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, destacó durante la Audiencia Pública de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la vigencia de la Ley de Víctimas que se requieren 115,9 billones de pesos para atender a más de 8 millones de víctimas, y que es el momento de renovarla o actualizarla para determinar la totalidad de la población por atender.
Según los cálculos realizados en los CONPES de 2011 y de 2012 se definieron recursos por $54,9 billones a precios de 2011, los cuales ya fueron superados por los recursos asignados por el Gobierno Nacional.
Por tal motivo, para la Contraloría General, se debe realizar una evaluación de impacto de los recursos invertidos, que, según cálculos al cierre de 2019, llega a los $ 96.6 billones. “Se hace necesario evaluar el resultado de la inversión y determinar si el modelo de atención está ajustado a los requerimientos de la población víctima”: agregó el Contralor General.
Cálculos del organismo de control estiman que entre 2019 – 2021 se requerirán alrededor de $115,9 billones de pesos constantes de 2019, para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras.
Este dato incluye el costeo de cuatro medidas de reparación para la población víctima pendiente de atención como lo son: indemnización administrativa y colectiva ($45,3 billones), vivienda ($18,2 billones), planes de reparación colectiva ($1,6 billones) y atención psicosocial ($1,4 billones). Con base en este cálculo, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual, del orden de $38,6 billones para cumplir con lo requerido por la ley hasta 2021 y para 2019 se asignaron $14.9 billones, valor que es significativamente menor a lo requerido. En este sentido, el Contralor General de la República, recordó que “las víctimas representan los actores más importantes del posconflicto, pues encarnan el testimonio vivo de un país que ha sufrido con la violencia y porque merecen una atención integral del Estado”.
“Si la ley finaliza el efecto sería directo sobre la población, pues hay medidas de reparación integral, en donde existen víctimas individuales, hogares y sujetos colectivos pendientes de atención y que en algunos casos ya han iniciado la ruta de atención”, afirmó el Contralor General de la República.
