La convocatoria a la cumbre de poderes del Estado es una urgencia estratégica para fortalecer las acciones institucionales frente al desborde de ciudadanos que, por ambición o necesidad, causan destrozos al ecosistema de litoral, delinquen sin sanción y se apropian de las zonas de bajamar en el Caribe, especialmente en Cartagena de Indias.
Los cambios institucionales y políticos que permitieron que los alcaldes lideraran la protección de estos bienes públicos, en los hechos, pese a los esfuerzos y planes de acción, demuestran que no se logran los resultados esperados.
Compartimos con la Procuraduría que lo que existe en la ciudad es un desastre ambiental, porque el daño se acumula y la ineficiencia se comprueba con los sucesivos requerimientos a las entidades.
Las respuestas de los entes públicos competentes no han conducido a vencer la continuidad de conductas delictivas depredadoras de la autoridad, el Territorio y la ley.
Esa conducta devoradora se potencia y favorece por los altos índices de impunidad, complicidad e indiferencia, que propicia graves daños ambientales a la integridad del Territorio “protegido”, la ronda hídrica y el manglar en las ciénagas, lagunas, las bahías de Cartagena y Barbacoas, y el parque Corales del Rosario y San Bernardo.
Las invasiones multiestrato y la falta de contundencia para detener y reprimir el concurso de delitos, informalizan en alta proporción el dominio sobre el suelo no urbanizable y urbanizado a la brava.
La valoración de los daños se ha minimizado con la aceptación social del “loteo” y, en nombre del “debido proceso”, con acciones administrativas o policivas que luego del desgaste institucional ni sancionan ni se recupera lo invadido.
Con escrituras de posesión de lo imprescriptible, notarizadas y registradas, las inhibiciones y preclusiones usadas como modo de adquirir la “legalidad” del delito, estandarizó el derecho a no tener derecho y a las tutelas o acciones judiciales dilatorias, sin consecuencia alguna.
La depredación no da espera. De allí que en desarrollo del Artículo 103 de la Ley 99 de 1993, las Fuerzas Armadas junto con la Fiscalía, de forma sistemática tienen que ordenar acciones de inteligencia que identifiquen a quienes delinquen y estimulan a hacerlo, lo que es vital para frenar y vencer el comercio de lo que es de todos.
La Justicia no puede seguir siendo atropellada e ignorada, por eso la necesidad de la Cumbre de Poderes, el compromiso y procedimientos nuevos que fortalezcan derrotar el desborde deforestador, las prescripciones o las “escrituras de posesión” de lo que nunca ha salido del patrimonio de la Nación.
La Sentencia S1727 del 2016 de la Corte Suprema de Justicia que ordenó recuperar el terreno usurpado por Aníbal Olier en la Boquilla, legitimó al Estado para actuar en contra de las prescripciones adquisitivas sobre los bienes de Uso Público, usadas como modo de adquirir.
Con la Cumbre tendremos respuestas ambientales y sociales. “Saldar una deuda con el pasado, es un mensaje en el presente para que el futuro pueda ser diferente”.
