Un Juez de Bolívar envió a la cárcel a 3 de las 4 personas capturadas y señaladas como presuntos integrantes de la banda “Los Machetes” que tenía su centro de operaciones delictivas en el municipio de Magangué (Bolívar), y que según las investigaciones se dedican al tráfico de estupefacientes en la región.
La decisión del despacho judicial, que acoge la solicitud de la Fiscalía General, de la Nación impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juana María Martínez Tapia, Felipe Santiago Atencia Atencia, y José Gabriel Galván López, alias “José Machete”. La cuarta capturada, Candelaria Silena Atencia Martínez, recibió el beneficio de detención domiciliaria.
El ente investigador les imputó a Juana María y Felipe Santiago los delitos de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles; mientras que a Candelaria Silena, hija de Juana y Felipe, se le formuló cargos por los dos primeros delitos mencionados.
Las capturas de tres de los judicializados se realizaron en el marco de un operativo de registro y allanamiento adelantado por la Fiscalía y la Policía a una vivienda en el barrio Minuto de Dios de Magangué.
En la diligencia se encontró un arma de fuego y sustancias que al parecer correspondían a base de coca y marihuana. La cuarta persona fue capturada en EL municipio de Montecristo al sur de Bolívar.
De acuerdo con la información recaudada por los investigadores de la Fiscalía, los capturados son miembros de la misma familia y desde hace tiempo, al parecer, se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo en horas de la mañana, tratando de evadir los controles de las autoridades, y presuntamente induciendo a los menores de edad a consumir.
Al parecer, el cabecilla de esta banda sería alias “José Machete”, quien tenía orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, por su presunta participación en la muerte violenta del menor de edad Jesús Antonio Pérez Zambrano, por lo que presuntamente sería una disputa de territorios para microtráfico.
El ente investigador evidenció en la audiencia que el procesado es un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta que es señalado de presunto reclutamiento de menores de edad para la venta de alucinógenos.
