Funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron al exconcejal de la Jagua de Ibirico (Cesar), Wilson Arias Angarita y a los subcontratistas, Doris Jiménez Sánchez, Dellys Margoth Amara Rangel y Domy Antonio Ríos Suárez, por haberse apropiado al parecer de dineros pertenecientes al Concejo del Municipio a través de contratos.
La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aunque los detenidos no aceptaron los delitos formulados, el juez les impuso medida privativa de la libertad.
Según la denuncia que fue interpuesta por una exconcejala del Municipio, Wilson Arias Angarita, concejal y presidente del cabildo en el año 2018, se apropió de $45 millones de recursos del Concejo Municipal, en el marco de tres contratos y una propuesta a los exconcejales.
Las investigaciones señalan que un contrato por $16´307.000, cuyo fin era desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas para las sesiones de la Corporación, habría beneficiado a allegados y amigos de Arias Angarita.
Un segundo contrato analizado fue el suscrito para el suministro de una cena navideña para los concejales. Las presuntas irregularidades tendrían que ver con que el presupuesto era de $5´000.000, pero al parecer el monto ascendió a 20´000.000, cifra que no estaba autorizada.
Finalmente, el tercer contrato cuestionado fue el relacionado con una actividad recreativa, por $20´352.000, el cual se canceló presuntamente con soportes de inversión falsos, y al parecer no se realizó.
Adicionalmente el presidente de la Corporación habría propuesto distribuir entre los cabildantes unos recursos destinados para capacitación y buscar unos certificados que demostraran que sí habían tomado los cursos. Sin embargo, ante el desacuerdo de una de las integrantes de la corporación, se dio conocimiento a las autoridades.
Por estos hechos, el Jjuez les concedió la libertad pero deben portar mecanismo de vigilancia electrónica, presentarse periódicamente cuando se requiera, tener buena conducta, y la prohibición de salir de lugar de detención que fije el juez y del país.