El senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien tiene detención domiciliaria y permanece en su finca El Ubérrimo, procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, renunció en las últimas horas al Congreso de la república alegando falta de garantías procesales, como la violación a su presunción de inocencia o la falta de una investigación objetiva.
Como se recordará la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado 3 de agosto la detención domiciliaria del expresidente Uribe Vélez señalado de tratar de manipular testigos en su favor. Ahora la Sala de Instrucción de la Corte entrará a evaluar si el proceso puede seguir en sus manos o no.
Si el proceso continúa a cargo de la Corte Suprema, el caso seguirá bajo las reglas de juego de la Ley 600 de 2000, con la que se ha llevado adelante todo el expediente en su contra por tratarse de un aforado. Si el proceso se remite a la Fiscalía General de la Nación, habrá un cambio sustancial: Uribe pasará a ser investigado por el sistema penal acusatorio.
Que el caso siga en la Corte o quede asignado a la Fiscalía depende de la respuesta a un interrogante esencial, que deberá resolver la Sala de Instrucción: ¿tuvieron los hechos relación con las funciones de Uribe Vélez como congresista?
En 2014, Álvaro Uribe denunció al congresista Iván Cepeda, lo acusó de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra, pero el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema concluyó que no habían pruebas suficientes para investigar a Cepeda y que, en cambio, sí existían indicios de que Uribe había tratado de manipular algunos testigos, razón por la que se ordenó abrir un proceso en su contra.
La Sala de Instrucción afirmó haber hallado evidencias de que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, también detenido, y de otras personas, como el representante Prada, trató, por un lado, de conseguir que Juan Guillermo Monsalve condenado por delitos con los Rastrojos a 37 años de prisión se retractara.
Monsalve, quien es hijo de un antiguo mayordomo de la finca Guacharacas, ubicada en Antioquia y de propiedad de los Uribe hasta 1996, ha declarado que fue testigo de cómo el senador Uribe y su hermano, Santiago Uribe, promovieron el grupo paramilitar Bloque Metro en Antioquia.
La Corte Suprema tiene que tomar ahora la decisión final, es decir, si Uribe es llamado o no a juicio. Si el caso llegara a pasar a la Fiscalía General de la Nación, todo lo que se ha hecho en la investigación es válido y sería un fiscal el que determine si lo acusa o no.
En el escenario en que el caso se quede en la Fiscalía, la defensa de Uribe podría acudir ante un juez o jueza de garantías para solicitar que la orden de detención que emitió la Corte Suprema se caiga y si la Fiscalía decidiera acusarlo, el expresidente de la República Álvaro Uribe sería juzgado por un Juez Penal del Circuito.
