Con prisión domiciliaria fue cobijado el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, tras ser investigado por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la pandemia. La decisión la tomó un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá durante un proceso que tardó varios días.
De acuerdo con la Fiscalía, al mandatario se le imputaron cargos porque al parecer decretó la calamidad pública por Covid – 19, en el archipiélago y celebró de manera directa un contrato de servicios publicitarios con la empresa “Noel Foto S.A.S” a pesar de que su oferta superaba la de otros proponentes y desconociendo la participación de otros oferentes.
El material probatorio señala que, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García estuvo apoyando su campaña.
El mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el Coronavirus, pero el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a la atención sanitaria de la población.
El contrato con Noel Fotos SAS ascendió a $500 millones y, de acuerdo con las verificaciones hechas por los fiscales, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas y el dinero fue desembolsado a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.
Para la Fiscalía, el gobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen, vulneró principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.