La Fiscalía General de la Nación, Seccional Caldas, le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales a Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, quien fungió como director encargado de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en 2008; a Adriana Romero Duque, representante legal de la ONG Surge Mujer; y a Dora Inés Cuervo Marín, interventora de un contrato que se ejecutó en 2008 en varios municipios del norte de Caldas, en el cual se habrían presentado varias irregularidades.
De acuerdo con las indagaciones de un fiscal de la Unidad de Administración Pública y el material probatorio recaudado, el contrato que tuvo un valor de $25 millones era para dinamizar procesos de participación ciudadana y comunitaria en salud, y sería ejecutado por Surge Mujer en los municipios caldenses de Neira, Aránzazu, Salamina, Pácora y Aguadas.
De acuerdo con lo establecido, en la interventoría del contrato 590 de 2008 al parecer no se realizó una adecuada verificación de la ejecución de los recursos utilizados por el contratista, ya que se evidenciaron inconsistencias como: Planillas de asistencia a talleres de crecimiento personal que no tenían nada que ver con el objeto del contrato.
De acuerdo con las actas, mientras que en Salamina (sede principal de Surge Mujer), realizaron ocho talleres al igual que en Aránzazu, en Pácora solo hicieron dos y en Aguadas uno. De estos dos últimos, no hay evidencia de que las capacitaciones hayan sido de trabajo en redes como: participación ciudadana, deberes y derechos en salud, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Aunque el contrato terminó el 13 de diciembre de 2008, existen documentos en donde se refieren actividades en Aguadas del 20 de diciembre. Se presume una falsedad en documento público en las actas de Neira y Aránzazu porque al parecer se imitaron las firmas de los coordinadores de salud.
Existen soportes de pagos realizados que no cumplen con los requisitos legales, entre ellos, recibos de caja o tirillas de máquinas registradoras, que además tienen fechas posteriores a la terminación del contrato.
Algunos de los soportes tienen por concepto pagos no relacionados con el objeto del contrato, como un recibo de caja menor de trabajo y arreglos de casa, y una tirilla por la compra de productos alimenticios de escaso valor.
Se evidenció en varios pagos por concepto de avances a colaboradores, sobreescritura en los valores, por ejemplo, uno era por $50.000 y se notó la inclusión posterior del número uno antes de la cifra para transformarlo en $150.000.
Se encontraron dos comprobantes de egreso a la misma persona y en la misma fecha, uno por $2´500.000 y el otro por $1´900.000.
Según la propuesta presentada, se debía contratar a un profesional por un monto de $15’000.000, pero no se anexó el contrato de esta persona, ni de los demás que supuestamente prestaron sus servicios en la ejecución del proyecto. Los investigados no aceptaron su responsabilidad y permanecen en libertad, pero siguen vinculados al proceso.
